Crece el cuestionamiento a Delcy Rodríguez y se multiplican los reclamos de elecciones en Venezuela
A pocos días de cumplirse los 180 días de su presidencia encargada, la figura de Delcy Rodríguez enfrenta crecientes cuestionamientos por su falta de legitimidad de origen, los escasos resultados de gestión y la ausencia de avances concretos hacia una transición democrática. Distintos sectores exigen una nueva elección presidencial como salida a la crisis.
El próximo 2 de julio se cumplirán 180 días desde que Delcy Rodríguez asumió como encargada de la Presidencia de la República de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Ese plazo marca el límite que la Constitución establece para el ejercicio de una suplencia temporal, concebida para evitar un vacío de poder en la Presidencia y no para prolongar de forma indefinida el ejercicio de la Jefatura del Estado por parte de una funcionaria que no fue electa por voto popular.
Las críticas contra Rodríguez se apoyan en cuestionamientos a la legitimidad de su designación. Diversos especialistas sostienen que su acceso a la Presidencia deriva de un nombramiento realizado por Nicolás Maduro luego de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, cuya validez fue ampliamente cuestionada. Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, la ilegitimidad de origen de ese proceso electoral se extiende a los actos posteriores del gobierno, incluida la designación de Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva.
A esta controversia se suma el debate sobre la duración de su mandato. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió en abril que la prolongación indefinida de una presidencia ejercida por una autoridad no electa vulnera principios fundamentales del sistema democrático venezolano. Según distintos juristas, la Constitución establece un máximo de 180 días para una ausencia temporal del jefe de Estado, tras lo cual corresponde determinar la existencia de una falta absoluta y convocar a elecciones.
La falta de avances visibles en la situación económica y social del país también ha debilitado la posición de la mandataria encargada. La inflación continúa afectando severamente el poder adquisitivo de los venezolanos, mientras persisten problemas estructurales como el deterioro de los servicios públicos, la insuficiente atención a la emergencia humanitaria y el aumento de la conflictividad social.
Organizaciones especializadas reportan un incremento significativo de las protestas durante los primeros meses de 2026, impulsadas principalmente por reclamos laborales y demandas vinculadas a las condiciones de vida.
El creciente malestar ciudadano se refleja en las encuestas de opinión. Estudios recientes muestran un aumento sostenido de la desaprobación hacia la gestión de Rodríguez y una percepción mayoritaria de que el país necesita una nueva elección presidencial para superar la crisis política. Según distintos sondeos, amplios sectores de la población consideran que la actual administración carece de la legitimidad necesaria para conducir el proceso de transición.
Las dudas sobre la orientación democrática del gobierno también han alimentado las críticas. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre la falta de reformas institucionales que permitan garantizar una apertura política efectiva. Entre los señalamientos más frecuentes figuran la ausencia de un cronograma electoral, la falta de renovación de las autoridades electorales, la permanencia de estructuras de control político heredadas del chavismo y la continuidad de centenares de presos políticos.
En este contexto, sectores académicos, sindicales, gremiales, estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil han intensificado los reclamos para que se convoque a una nueva elección presidencial. Para estos actores, la legitimidad democrática solo podrá restablecerse mediante un proceso electoral que permita a los venezolanos elegir directamente a quien conduzca el país en una etapa decisiva de su historia reciente.