El proyecto del “Súper RIGI” avanzó en Diputados con cambios y beneficios por 30 años para inversiones tecnológicas
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus aliados para emitir despacho de mayoría al nuevo régimen destinado a atraer grandes inversiones en tecnología e inteligencia artificial. El proyecto incorpora exigencias para proveedores locales, crea un registro público y mantiene incentivos fiscales de largo plazo.
- Conclusión en Buenos Aires
- Jun 18, 2026
Con modificaciones respecto de la redacción original y el acompañamiento de bloques aliados, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, una iniciativa orientada a promover grandes inversiones vinculadas al sector tecnológico y al desarrollo de inteligencia artificial mediante un esquema de beneficios impositivos por un plazo de 30 años.
Además de La Libertad Avanza, acompañaron la propuesta legisladores del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por Pro, UCR, MID y Por Santa Cruz—, Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
El nuevo régimen toma como base el RIGI aprobado en la Ley Bases, aunque incorpora ajustes orientados a delimitar el alcance de los beneficios y reforzar mecanismos de control. Entre los cambios introducidos figura la definición de “nuevas actividades económicas”, cuya acreditación quedará sujeta a criterios objetivos y parámetros mensurables que serán establecidos posteriormente por la reglamentación del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la adhesión al régimen, el texto fija un plazo inicial de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación para presentar proyectos. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá extender ese período una única vez por hasta un año adicional mediante decreto fundado y acompañado por una evaluación previa sobre el desempeño del esquema.
Otro de los puntos incorporados establece incentivos específicos para proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Las inversiones destinadas a esa área podrán computarse al doble de su valor para alcanzar el monto mínimo requerido, aunque esa ponderación no podrá superar el 20% del total exigido.
Entre las modificaciones más destacadas aparece también la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. El proyecto establece un compromiso mínimo de contratación equivalente al 20% del monto total destinado a proveedores para bienes, servicios y obras vinculadas al emprendimiento, siempre que exista oferta local disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.
Además, se prevé la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que funcionará bajo la autoridad de aplicación y tendrá carácter abierto y de acceso libre.
La diputada del PRO Daiana Fernández Molero defendió el proyecto al señalar: “Esta nos parece una muy buena ley, especialmente en el contexto y las necesidades que tiene la Argentina, que necesita normalidad”. En ese sentido, sostuvo que tanto el RIGI como el Súper RIGI representan “una forma de adelantar esa normalidad”.
La legisladora destacó que se buscó “blindar de críticas y hacer más fuerte” la iniciativa, y valoró las modificaciones incorporadas —impulsadas desde su espacio—, entre las que mencionó “el criterio de nueva actividad, la creación del registro público de proyectos y la evaluación antes de prorrogar”. A su vez, aclaró que el régimen “no es lo mismo que el esquema de Tierra del Fuego, no tiene nada que ver; este régimen se defiende solo, así que mientras más luz le podamos aportar, mejor”.
En contraste, el diputado de Unión por la Patria Mario “Paco” Manrique cuestionó la iniciativa al afirmar: “Más que un proyecto de ley, como está redactado y más allá de las modificaciones, parece un contrato de locación o un contrato entre particulares”. En esa línea, agregó que se trata de “un contrato entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia y el patrón la quiere vender a precio vil”.
El legislador advirtió además que “cualquier régimen de promoción industrial tiene beneficios y obligaciones”, y señaló que esas obligaciones se traducen en desarrollo, empleo y reinversión. Sin embargo, sostuvo que en el proyecto “todas esas cuestiones no existen”.
Por su parte, el diputado del MID y aliado del oficialismo, Eduardo Falcone, explicó que impulsó dos modificaciones: que la reducción de la carga impositiva estuviera atada a la inversión en investigación y desarrollo, y que se incorporara la obligación de destinar al menos un 20% del proyecto a proveedores locales. “El Gobierno aceptó el segundo pedido”, indicó, y señaló que el primero fue incorporado parcialmente.
En oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre el impacto del proyecto en la economía real al señalar que “hay 75 mil empleos perdidos en la industria y ustedes están queriendo dictaminar un proyecto sobre industrias potenciales que no sabemos cuáles son”. También cuestionó la afectación de las autonomías provinciales al sostener que el régimen “se mete con los tributos provinciales y municipales”.
Además, denunció una “delegación enorme de facultades en el Poder Ejecutivo” y advirtió: “¡Le están dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo!”. En cuanto al impacto fiscal, alertó que las desgravaciones impositivas tendrán consecuencias en futuros presupuestos y comparó su magnitud con otras partidas, como el financiamiento universitario.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño criticó el régimen al considerar que “este esquema de privilegios contradice el discurso de libertad del propio Gobierno”. Además, advirtió que la reducción de contribuciones patronales implicaría un “desfinanciamiento del sistema previsional”.
En su intervención, también cuestionó a empresas que podrían beneficiarse del régimen, como Palantir, a la que vinculó con organismos de inteligencia y operaciones militares internacionales, y planteó interrogantes sobre el impacto social del proyecto.
Por último, la diputada de la Comisión de Ciencia Adriana Serquis señaló que en el texto “las palabras ciencia y científicos no aparecen”, y que solo existe una referencia general a tecnología. Cuestionó además la ausencia de exigencias en materia de transferencia tecnológica, cadena de valor o condiciones ambientales, en un contexto de alto consumo energético por parte de las empresas de inteligencia artificial y data centers.

