El Senado santafesino vuelve a debatir la prohibición de cuidacoches: Seguridad pide «facultades» para la Policía
La Cámara alta tratará este jueves las modificaciones al Código de Convivencia y buscará insistir con el proyecto original, que prohíbe la actividad en la vía pública. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, pidió un mecanismo "ágil" que permita la intervención policial sin judicializar cada caso.
El Senado de Santa Fe volverá a debatir este jueves el proyecto que modifica el Código de Convivencia para regular la actividad de los cuidacoches. La intención del cuerpo es insistir con la media sanción original, que prohíbe la prestación del servicio en los lugares donde no esté autorizada, luego de que la Cámara de Diputados introdujera cambios que limitaron las sanciones a los casos de intimidación, amenazas o exigencia de dinero. A su vez, el Gobierno provincial reclamó una norma de aplicación rápida que permita recuperar el espacio público sin generar mayores costos judiciales.
El autor de la iniciativa, el senador Ciro Seisas, adelantó que buscará restituir el texto aprobado inicialmente por el Senado al considerar que las modificaciones introducidas por Diputados alteran el objetivo de la ley. «Quedó redactado de una manera en que tenés que demostrar que hay intimidación o amenaza», cuestionó el legislador, quien sostuvo que esa exigencia dificulta la aplicación práctica de la norma.
La principal diferencia entre ambos proyectos radica en el alcance de la prohibición. La versión original sanciona el solo hecho de ofrecer o exigir dinero por cuidar, estacionar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública cuando esa actividad no esté autorizada por la normativa local.
Además, contempla sanciones como trabajos comunitarios, prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la infracción y arresto en casos de reincidencia, con penas agravadas cuando existan amenazas, violencia, actuación en grupo o cuando la actividad se desarrolle en zonas sensibles, como escuelas, hospitales, bancos, eventos masivos o áreas de estacionamiento medido.
En cambio, el texto aprobado por Diputados elimina la prohibición general y limita las sanciones a situaciones en las que exista intimidación o coerción. También deja en manos de cada municipio la posibilidad de autorizar, regular o prohibir la actividad mediante ordenanzas locales.
La Cámara baja incorporó además un capítulo de inclusión social que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar programas de capacitación laboral, formación en oficios y asistencia para quienes actualmente trabajan como cuidacoches, incluyendo políticas vinculadas a salud mental y consumos problemáticos. También sumó la creación de dos nuevos juzgados de primera instancia, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, un punto que generó cuestionamientos por parte de la oposición.
Seisas advirtió que la aprobación de la ley no resolverá de inmediato una problemática de larga data. «Hay que ser cautos, si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver 30 años de problemas con una norma de siete artículos», afirmó.
El senador consideró que, una vez sancionada la norma, será necesario coordinar acciones entre la Provincia y los municipios para garantizar los controles y avanzar en políticas de inclusión cuando corresponda. «Solamente cuando lleguemos al día en que vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden a hombres y mujeres, vamos a poder decir que empezamos a arreglar el tema», resumió.
En la antesala del debate legislativo, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, respaldó la necesidad de reformar la legislación, aunque puso el foco en que la futura norma sea operativa y evite una mayor carga para el sistema judicial.
«Entendemos que el tema cuidacoches puede ser un factor criminógeno que aumente el nivel de riesgo. Es una situación que provoca un contacto social no solicitado por la persona y, en principio, es un factor de riesgo», sostuvo.
El funcionario reconoció que la realidad varía según cada localidad y recordó que algunos municipios autorizan la actividad mediante sistemas propios, por lo que coincidió en que las sanciones deben aplicarse únicamente donde exista una prohibición expresa.
Sin embargo, rechazó que cada intervención deba derivar en un proceso penal. «No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo», afirmó.
Desde el Ministerio de Seguridad proponen que la ley otorgue facultades claras a la Policía para retirar de inmediato a los cuidacoches no autorizados y aplicar prohibiciones de concurrencia a las zonas donde se detecten infracciones, priorizando una respuesta rápida y evitando la apertura de causas judiciales.
Con ese escenario, el Senado definirá este jueves si insiste con el proyecto de prohibición total aprobado originalmente o si acepta los cambios introducidos por Diputados, en un debate que enfrenta distintas miradas sobre cómo abordar una problemática que desde hace años genera reclamos en las principales ciudades de la provincia.