JUEVES, 16 DE JUL.

Lula rechaza los aranceles del 25 % impuestos por Trump y promete represalias inmediatas

El presidente brasileño calificó la decisión de Washington como injustificada y anunció que su Gobierno apelará a la ley de reciprocidad mientras prepara una presentación ante la Organización Mundial del Comercio.

 

Brasil escaló su enfrentamiento comercial con Estados Unidos después de que la administración de Donald Trump confirmara aranceles del 25 % sobre la mayoría de las importaciones brasileñas, una medida que entrará en vigor el 22 de julio y que fue adoptada tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El Gobierno estadounidense sostuvo que detectó prácticas “injustas” en áreas como comercio digital, pagos electrónicos, acceso al etanol, propiedad intelectual y deforestación ilegal.

Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la decisión y la describió como “un hito lamentable” en la relación bilateral.

El mandatario afirmó que no existe justificación para medidas unilaterales y recordó que, según datos oficiales de Estados Unidos, Washington mantuvo un superávit comercial acumulado con Brasil de USD 424.500 millones en los últimos 15 años.

También defendió el sistema de pagos Pix y aseguró que su Gobierno ya presentó argumentos ante la Oficina del Representante Comercial estadounidense para refutar las acusaciones.

En respuesta, Lula anunció que Brasil activará de inmediato la Ley de Reciprocidad y llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio.

Además, aseguró que el país seguirá negociando, pero al mismo tiempo buscará proteger a los sectores afectados por los nuevos gravámenes.

La tensión subió aún más cuando Marco Rubio responsabilizó a Lula por la falta de un acuerdo y Jamieson Greer sostuvo que las conversaciones entre ambos países no lograron resolver las diferencias, aunque dejó abierta la puerta al diálogo.

La medida golpeará a miles de productos brasileños, aunque incluye exenciones para rubros como carne, café, aeronaves y productos energéticos.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la investigación incluyó más de 360 comentarios escritos y dos audiencias públicas con 77 testigos, lo que da cuenta de la magnitud del proceso antes de la decisión final.

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