El Gobierno disolvió el Instituto Nacional de Alimentos y redistribuyó sus funciones en dos organismos
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y establece una nueva división de competencias dentro del esquema alimentario nacional. La reorganización busca separar las funciones de control operativo de la rectoría sanitaria.
El Gobierno de Javier Milei disolvió este lunes el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y reorganizó el sistema de control alimentario argentino mediante el Decreto N°697/2026.
La medida redistribuye sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud, que asumirán tareas de fiscalización y definición de políticas sanitarias, respectivamente.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y establece una nueva división de competencias dentro del esquema alimentario nacional. La reorganización busca separar las funciones de control operativo de la rectoría sanitaria y, en ese marco, el SENASA utilizará su despliegue territorial, sus laboratorios y su cuerpo de inspectores para concentrar la supervisión de alimentos en todo el país, mientras que Salud definirá los lineamientos de política alimentaria.
La reorganización del INAL forma parte del proceso de revisión integral del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional junto al Ministerio de Desregulación y Transformación, con el objetivo de modificar estructuras, funciones y competencias de distintos organismos públicos.
Como se dijo, el SENASA incorporará las funciones que hasta ahora desempeñaba el INAL en materia de registro, control y fiscalización de alimentos. Además, centralizará el seguimiento de las importaciones de productos alimenticios y establecerá una Base Única de Datos con información sobre establecimientos y productos para fortalecer la trazabilidad del sistema.
Según establece el decreto, la medida busca eliminar superposiciones de competencias y avanzar hacia un esquema de control más simple y eficiente. En ese marco, el organismo sanitario podrá autorizar y supervisar establecimientos oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que verifiquen el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
La nueva normativa también incorpora una simplificación de trámites al reconocer por equivalencia certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius. Con este cambio, se eliminarán evaluaciones y procedimientos duplicados para productos, registros y establecimientos que anteriormente eran analizados tanto por el INAL como por el SENASA, concentrando las tareas operativas en un único organismo.
CAMBIOS EN EL CÓDIGO ALIMENTARIO Y LA POLÍTICA DE SALUD
Entre los cambios establecidos por el decreto, el Gobierno fijó un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino. La medida busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y agilidad al proceso de modificación de la normativa que regula la producción y comercialización de alimentos.
Además, la reforma incorpora una nueva agenda de política alimentaria dentro del Ministerio de Salud, que absorberá las funciones de definición de lineamientos que ejercía el INAL. El objetivo será fortalecer el trabajo técnico basado en evidencia científica sobre la composición de los alimentos.
La primera prioridad anunciada para esta área será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable. De esta manera, la cartera sanitaria quedará enfocada en la elaboración de políticas públicas, mientras que el SENASA continuará con las tareas de control y fiscalización.
El decreto también contempla medidas para agilizar el comercio de alimentos. En ese sentido, se establecerán controles posteriores al ingreso para las importaciones de alimentos envasados destinados a la venta directa, con el objetivo de reducir demoras, mientras que las exportaciones deberán cumplir con los requisitos exigidos por los países de destino.
Con la reorganización, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema de control alimentario más integrado, con una división más clara entre la fiscalización de los productos y la definición de políticas sanitarias. La reforma establece un nuevo esquema de funcionamiento que apunta a reducir trámites, agilizar procesos y actualizar la normativa vigente.