La Justicia Federal de Nueva York le puso un freno a Trump y anuló la suspensión de visas para 75 países

Una jueza federal de Nueva York anuló la suspensión de los trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida adoptada por la administración de Donald Trump como parte de su política de endurecimiento migratorio. La decisión supone un nuevo revés judicial para el Gobierno republicano y deja sin efecto una disposición que había comenzado a aplicarse en enero.

La resolución fue dictada por Jeannette Vargas, jueza del Tribunal de Distrito de Manhattan, quien consideró que la política era contraria a la legislación migratoria estadounidense. En su fallo, sostuvo además que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido las facultades que le otorga la ley al ordenar el bloqueo generalizado de los trámites.

Según la magistrada, la Casa Blanca no podía disponer que los funcionarios consulares rechazaran o suspendieran solicitudes de manera general únicamente en función del país de origen de los postulantes. La normativa migratoria, señaló, exige que las solicitudes sean evaluadas de manera individual.

La medida cuestionada afectaba el procesamiento de visas de inmigrante, destinadas a personas que buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos. No alcanzaba a las visas de no inmigrante, utilizadas para ingresar al país de manera temporal.

Entre los países alcanzados por la suspensión se encontraban Brasil, Colombia y Uruguay, además de Rusia, Irán, Irak, Afganistán, Egipto, Nigeria, Somalia y Yemen.

La administración Trump había justificado la restricción bajo el argumento de que los solicitantes provenientes de esos países podían representar un riesgo elevado de convertirse en una carga para las finanzas públicas o depender de programas de asistencia social. Sin embargo, Vargas consideró que ese criterio no habilitaba al Gobierno a establecer un bloqueo general basado exclusivamente en la nacionalidad.

El fallo surgió a partir de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que buscaban patrocinar a familiares. Los demandantes cuestionaron que el Gobierno hubiera convertido en una prohibición general una facultad que debe ser ejercida de manera individual por los funcionarios consulares, según la legislación.

La decisión se suma a otros enfrentamientos judiciales vinculados con la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. La administración republicana ha promovido medidas tanto contra la inmigración irregular como sobre distintos mecanismos de ingreso legal al país.

El Gobierno todavía puede apelar la resolución. Mientras tanto, el fallo deja sin efecto las denegaciones de visas que se hayan basado exclusivamente en la política que la jueza Vargas consideró ilegal.