El Gobierno ya recortó 14.500 puestos en el Estado durante 2026 y prepara una nueva tanda de despidos
Desde la asunción de Javier Milei, la administración nacional acumula 76.216 desvinculaciones en el sector público. Sólo en lo que va de 2026 fueron 14.559, un promedio de casi 70 por día. El Gobierno evalúa profundizar el ajuste y podría eliminar hasta 6.000 puestos en las próximas semanas.
El Gobierno de Javier Milei profundizó durante 2026 su política de reducción del Estado y ya desvinculó a 14.559 trabajadores del Sector Público Nacional (SPN), según datos oficiales. La cifra equivale a un promedio de casi 70 puestos menos por día desde enero y se suma a los recortes aplicados desde diciembre de 2023, que llevaron el total de desvinculaciones a 76.216. Mientras la administración nacional destaca el impacto de la medida sobre el gasto público, prepara una nueva etapa de ajuste que podría sumar hasta 6.000 despidos en el corto plazo.
De acuerdo con un informe difundido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sólo durante julio se redujo en 4.607 la cantidad de agentes del Sector Público Nacional. Al extender el período a todo 2026, la reducción alcanza los 14.559 trabajadores.
Las desvinculaciones incluyen distintas modalidades, entre ellas despidos, contratos que no fueron renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones. Desde el Gobierno sostienen que la reducción de la planta estatal forma parte de una estrategia destinada a disminuir el gasto público y avanzar hacia una menor presión tributaria.
Sturzenegger defendió la política de ajuste y sostuvo que reducir el gasto es, a criterio del Gobierno, una condición para disminuir la carga impositiva. Además, instó a las provincias a avanzar en la misma dirección y anticipó que podrían producirse nuevos recortes en las administraciones provinciales.
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Estado nacional acumula 76.216 puestos menos, siempre según las cifras oficiales. De ese total, alrededor de 44.000 corresponden a la administración centralizada y descentralizada, unos 11.000 a personal militar y de seguridad y el resto a empresas y sociedades estatales.
La reducción de personal podría profundizarse durante los próximos meses. La administración nacional analiza una nueva tanda de despidos que podría alcanzar a unos 6.000 trabajadores y que se inscribiría en un objetivo más amplio: reducir cerca del 10% de la dotación total del Estado durante 2026.
En términos absolutos, esa meta implicaría eliminar más de 27.000 puestos laborales a lo largo del año. El Sector Público Nacional contaba a comienzos de 2026 con más de 278.000 empleados, por lo que una reducción de esa magnitud tendría un impacto significativo sobre la estructura de la administración pública.
El nuevo capítulo del ajuste tendría además un foco diferente al de las primeras etapas. Mientras que los recortes iniciales se concentraron en buena medida en la administración central, ahora el Gobierno apunta especialmente a organismos descentralizados.
Entre las dependencias que podrían quedar alcanzadas aparecen organismos vinculados con la estadística, la ciencia, la producción, el control y la seguridad social, como el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, el ENARGAS, el ENRE y el ENACOM.
La estrategia es impulsada principalmente desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y forma parte de la política oficial de reducir el tamaño del sector público. El Gobierno sostiene que la poda de personal es necesaria para contener el gasto y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.
El avance del ajuste se produce, además, en un escenario de tensión política y dificultades económicas. La administración nacional busca sostener su programa de reducción del gasto mientras enfrenta un contexto de menor recaudación y desaceleración de la actividad.
En los organismos estatales, mientras tanto, crece la preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de nuevas desvinculaciones. Los gremios y empleados públicos advierten que una reducción adicional de las plantas no sólo tendrá consecuencias sobre el empleo, sino que también podría afectar el funcionamiento de áreas consideradas estratégicas para el Estado.