La Libertad Avanza pedirá el juicio político contra la jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
El presidente de la LLA de la provincia de Buenos Aires confirmó que impulsará un jury contra Marta Elba Pascual, quien ordenó suspender durante 60 días la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Además, el gobernador de Santa Fe cuestionó el fallo y lo calificó como “muy grave” y propio de un “garantismo bobo”.
La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que pedirá el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada ordenara suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La decisión generó fuertes críticas dentro del oficialismo y también fue cuestionada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien sostuvo que se trata de un caso de “garantismo bobo” y defendió la implementación de la nueva normativa.
El anuncio del pedido de jury fue realizado por el diputado provincial, Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien confirmó que el oficialismo avanzará contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
Pareja cuestionó con dureza la resolución y consideró que la magistrada está intentando impedir la aplicación de una ley sancionada por el Congreso Nacional. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo.
El dirigente oficialista también vinculó la decisión judicial con la situación de seguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires y acusó a la Justicia de favorecer, según su interpretación, la impunidad. “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”, afirmó Pareja.
En ese sentido, agregó que la crisis de seguridad bonaerense responde a un modelo que, a su entender, prioriza la protección de los delincuentes por sobre las víctimas. “Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”, sostuvo.
Las críticas también fueron expresadas por Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, quien cuestionó la decisión judicial y sostuvo que afecta a las víctimas de delitos. “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”, afirmó.
Curestis también apuntó contra el gobierno provincial y la Justicia bonaerense al sostener que “los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”.
En la misma línea se manifestó Juan Osaba, titular del bloque de diputados provinciales de LLA, quien calificó de “inadmisible” la suspensión de la normativa. “Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad”, afirmó.
Osaba también confirmó que el oficialismo buscará avanzar contra la magistrada por su decisión. “Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, sostuvo.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se refirió a la decisión de la Justicia bonaerense y expresó un fuerte rechazo. “Es muy grave lo que ocurrió”, afirmó el mandatario.
Pullaro cuestionó que una jueza haya suspendido la aplicación del nuevo régimen y reclamado explicaciones al gobierno provincial. En una publicación en redes sociales, calificó la decisión como parte de un “garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”.
El gobernador santafesino defendió además el cumplimiento de la nueva normativa y sostuvo que los jueces deben garantizar la aplicación de las leyes. “Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”, expresó.
Pullaro recordó que Santa Fe se preparó para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y aseguró que la provincia cuenta con los recursos necesarios. “Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”, afirmó.
La resolución de Pascual se produjo cuando el nuevo régimen llevaba apenas 48 horas de vigencia efectiva. La magistrada ordenó suspender preventivamente su aplicación en la provincia de Buenos Aires durante un plazo de 60 días. El fallo surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Uno de los principales argumentos planteados por la jueza está relacionado con la capacidad de la provincia de Buenos Aires para afrontar la implementación del nuevo régimen. En particular, puso el foco en la disponibilidad de infraestructura y recursos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones.
La normativa establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y fija en 14 años la edad a partir de la cual pueden aplicarse las nuevas disposiciones para determinados delitos.
Frente al fallo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sostiene que cuenta con las condiciones necesarias para poner en marcha el régimen y busca demostrar que dispone de la infraestructura y los recursos humanos requeridos.
El planteo de la Justicia bonaerense abrió así un nuevo frente de conflicto entre el Poder Judicial y los sectores que impulsaron la modificación de la legislación penal juvenil.
Mientras La Libertad Avanza prepara el pedido de juicio político contra la magistrada, desde otros sectores cuestionan la aplicación de la nueva normativa y advierten sobre las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los menores involucrados.
El conflicto quedó planteado entre quienes sostienen que la ley debe aplicarse de manera inmediata y quienes consideran que su implementación requiere mayores garantías y recursos. La resolución de Pascual suspendió la aplicación por 60 días y puso nuevamente en el centro del debate la baja de la edad de imputabilidad y el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil.