El presidente llamó al diputado y precandidato presidencial, quien fuera su contrincante en el balotaje de 2015, para hacerle llegar la convocatoria del gobierno nacional a dirigentes opositores, en medio de una profunda crisis y a meses de las elecciones.
El funcionario de Casa Rosada minimizó por otra parte las respuestas negativas de algunos dirigentes de la oposición, como Sergio Massa o Roberto Lavagna, ante la convocatoria y afirmó que el Gobierno "todavía no se sentó a conversar".
Tras analizar cuestiones políticas con el ex presidente español en su casa de Tigre, el referente del Frente Renovador se refirió al llamado a establecer consensos por parte de Macri.
El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, expresó el apoyo de la Iglesia a la propuesta del Gobierno de acordar diez puntos de política socioeconómica con la oposición.
La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Bancos Argentinos, todas integrantes del Grupo de los 6, avalaron la iniciativa.
La entidad que nuclea al grupo de empresarios por un proyecto productivo nacional salió al cruce de la iniciativa oficial y sostuvieron que la propuesta busca más "desregulación y endeudamiento".
El jefe de gabinete de ministros Marcos Peña indicó que el acuerdo buscado por el Gobierno es "una invitación a una idea de responsabilidad política".
El titular del interbloque Argentina Federal en el Senado advirtió además que “el Gobierno también comete el error de acordarse tarde de construir caminos de consenso”, sin embargo, apuntó que “la unidad nacional puede servirle al país”.
El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner manifestó que “la obligación del Gobierno es explicarle a la ciudadanía que está haciendo ocn las reservas”. Consideró que “sacrificar las reservas seguramente va a engrosar la fuga de capitales”.
El gremio reclamó un 20 por ciento para el trimestre de abril-junio y volver a negociar luego.
La legisladora analizó que Macri busca "relanzar una política del gobierno anterior, con un acuerdo de precios para 60 productos de la canasta básica, pero en un contexto macroeconómico abismalmente diferente al que regía hasta 2015".
El DNU tenía vigencia hasta el 31 de marzo. A pesar de la crisis en el mercado laboral, el Gobierno decidió no renovarlo.