El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de «Hambre de Futuro», un proyecto de La Nación en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. Los comunicadores habían viajado para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de la comunidad.
En una decisión inconstitucional, un tribunal tucumano dictó una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. y a los trabajadores de la empresa a realizar publicaciones sobre jueces y fiscales.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas le pidió al Ejecutivo que «revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos». Estos cambios buscan proteger datos privados de los funcionarios y limitar el acceso a la información pública.
