Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) "La Escuelita", el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y "la Escuelita" de Neuquén.
La decisión, alcanzada con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, despeja el camino para analizar la información contenida en uno de los teléfonos celulares que había sido entregado a la justicia por el propio legislador en la misma oportunidad en la que se opuso a que sea analizado.
Se trata de César Arakaki y Daniel Ruiz. De esta manera, la Cámara Federal de Casación ratificó las penas que trepan a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Más allá del recurso presentado por la defensa del empresario, la Cámara Federal de Casación ratificó las penas de prisión para los acusados.
Las armas fueron halladas el 30 de agosto de 2016, en la sucursal de la calle Paysandú al 1800, barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, por intervención del Registro Nacional de Armas de la República Argentina (RENAR).
En la causa por narcotráfico los investigadores descubrieron "una segunda estructura criminal en la que operaba Fernando Sebastián Vázquez", que está prófugo, y según la pesquisa era proveedor de González que fue detenido en 2018.
La decisión fue tomada por el Tribunal Intermedio de Apelaciones, la Cámara Federal porteña, que concedió un recurso de apelación presentado por la querella de la Vicepresidenta contra el rechazo a su recusación, según la resolución.
Se trata del ex Adjutor Principal del Servicio Penitenciario Federal Eduardo David Lugo, actualmente en prisión domiciliaria.
Es por supuesto encubrimiento de acusados del atentado a la mutual judía, a raíz de la firma del memorándum con Irán. La decisión será de la sala I del máximo tribunal penal del país que en las próximas horas firmará el fallo.