Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el Decreto, así como también emitir dictamen.
En el marco de su habitual conferencia de prensa diaria, el funcionario también adelantó que el Gobierno le enviará una factura de 60 millones de pesos a las organizaciones sociales que -según dijo- participaron de la movilización del pasado miércoles, en concepto de gastos por el despliegue del operativo de seguridad que dispuso el propio Ejecutivo.
De esta forma, la ministra de Relaciones Exteriores destacó una de las reformas que están contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó Javier Milei en la noche del miércoles.
Los dirigentes políticos consideraron que, así como está, el decreto es propenso a ser cuestionado fuertemente en la Justicia, debido a que no está justificada la necesidad ni la urgencia que utiliza como ejes.
El vocero presidencial le restó importancia a los cacerolazos espontáneos que surgieron en distintos puntos del país luego del anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia.
El economista de la Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, mantuvo un diálogo con Conclusión y resaltó que el paquete de 366 artículos -plasmados en un documento de 83 páginas- implica el retiro masivo de las regulaciones del mercado en general, algo que deja a la población librada a la "responsabilidad social del empresariado".
Así lo oficializó el gobierno nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, en donde se dispuso otorgar su concesión a la empresa estatal Integración Energética Argentina.
Tendrán derecho a la prestación los varones que hayan cumplido 60 años de edad y las mujeres que tengan 55. Los beneficiarios deberán acreditar 30 años de servicios con aportes. Quienes decidan acceder al plan deberán dar cuenta de que estaban en situación de desempleo al día 30 del mes de junio de 2021.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó hoy ante el Congreso que en las próximas horas el Estado “ampliará la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo” para incluir a la enfermedad, y que “todos los trabajadores van a estar alcanzados”.
La Concejalía Popular publicó hoy avances de un relevamiento nacional que se está realizando tras el decreto presidencial que frena el aumento en el precio y suspende los desalojos por falta de pago, constatando notables faltas al mismo, principalmente por parte de inmobiliarias truchas y franquicias internacionales.
Desde comienzos de marzo, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en la Argentina, el mandatario se vio obligado a tomar medidas sin pasar por el Congreso, ante la imposibilidad de aguardar los tiempos legislativos.
Creen que la eliminación de 300 licencias no automáticas abrirá la masiva liberación de importaciones. En el sector textil preocupan las señales del gobierno, mientras las pymes pedirán una reunión con Cabrera. Por Tiempo Argentino.