En principio, el Frente de Todos tiene los números para emitir dictamen, pero no alcanzaría los dos tercios de los votos del recinto, requisito necesario para avanzar con el enjuiciamiento. La clave estará en la postura de Juntos por el Cambio.
"Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad", indicó la coalición opositora a través de un comunicado.
Se trata del método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país, pero solo aplica ante causales específicos y con sanciones que no llegan al terreno judicial.
El mandatario nacional además adelantó que también requerirá que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.
Desde el espacio político cuestionaron la relación entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema Silvio Robles. El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, adelantó que pedirá el juicio político para el juez del máximo Tribunal.
"De resultar comprobadas, las conductas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”, sostuvo el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
En una conferencia de prensa, los presidentes de los bloques que conforman la fuerza opositora anunciaron que presentarán un pedido de juicio político al presidente, al considerar que “la institucionalidad está riesgo”.
Se dieron a conocer audios de la presidenta del Congreso de Perú en los que supuestamente planea acciones para asumir el Gobierno.
Después de 22 horas de sesión ininterrumpida que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, prolongado para asegurar el voto de un legislador que estaba en cuarentena y la misma expiraba a las 0:00.
En una entrevista confirmó que será candidato a la reelección y afirmó que su Gobierno “salvó vidas” en la pandemia. Aseguró que desde el lado de la oposición siempre ve la posibilidad del golpe porque tiene “más de 100 pedidos de juicio político” en su contra.
La legisladora que lo impulsaba, Lucila Lehmann, reconoció que con la renuncia del ex ministro se cumplió el objetivo buscado y "pierde sentido el juicio político". En su exposición también criticó duramente a las administraciones anteriores por sus políticas en seguridad y calificó a Santa Fe de "narcoestado".
Los legisladores demócratas que actúan como fiscales argumentaron este miércoles, por segundo día consecutivo, que el asalto fue promovido deliberadamente por el ex presidente, e insistirán en recordarle a los senadores -y a los estadounidenses que siguen el proceso- lo violenta que se tornó la situación el día del asalto.