Así lo afirmó Daniel Catalano, titular de ATE Capital, ante la posibilidad de que desaparezca esa cartera y se convierta en secretaría.
Más de cien trabajadores esperan una respuesta por parte de las autoridades de una distribuidora que cesará sus actividades.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en junio se perdieron cerca de 12.600 puestos de trabajo formales, ya que se incorporaron 14.200 trabajadores públicos pero se perdieron 26.800 en el sector asalariado privado. Los monotributistas sociales fueron los más perjudicados.
Varios sindicatos vinculados a la actividad convocaron a la medida de fuerza porque desde hace dos años señalan que flexibiliza la actividad de todos sus trabajadores. Tienen prevista una huelga para mediados de julio.
Lo hizo por extralimitarse durante su injerencia en la Unión Personal de Seguridad, uno de los diez gremios que fueron intervenidos desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri en 2015.
En total siete trabajadores fueron cesanteados, cuatro de Rosario y tres de otras localidades. La empresa alega crisis económica. Desde el sindicato de comercio denuncian vaciamiento y protestan contra la “irresponsabilidad” de los empresarios.
El gremio consideró que el Ministerio dictó una conciliación obligatoria de carácter ilegal, ya que en vez de retrotraer el conflicto a la instancia previa que lo genera, es decir los despidos, lo retrotrae a antes de la huelga lanzada por los sindicatos de la Intersindical Zárate".
El gremio que nuclea la actividad granaria se vio imposibilitado de acceder a la terminal multipropósitos para realizar los controles de embarque, al igual que personal del Ministerio de Trabajo que tampoco pudo entrar.
El gremio denuncia que hay empleados de la firma que hace tres meses no cobran sus salarios ya que tienen licencia médica diagnosticada por médicos de cabecera, la cual, el profesional de la empresa "desoye y desestima".
El juez laboral José Ignacio Ramonet autorizó hoy un embargo preventivo de casi 810 millones de pesos a raíz de una presentación del Ministerio de Trabajo por haber incumplido una conciliación obligatoria.
El secretario general del Sindicato de Camioneros señaló que la multa aplicada es “impensada” y que por ello irá a la justicia “como corresponde”. Adelantó que si “se llevan el dinero, quiebra la obra social”.
Después de que el gremio Sipreba presentara una cautelar junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, desde el fuero laboral determinaron que el accionar de Hernán Lombardi y Rodolfo Puosá fue ilegal.