Los sondeos predicen una ajustada puja entre dos bloques claramente definidos: los que apoyan un nuevo Gobierno encabezado por Netanyahu y los que quieren a "cualquiera menos Bibi", como se conoce al primer ministro israelí con más tiempo en el poder.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi, las protestas diarias han sido reprimidas violentamente por la junta militar en el poder, pese a la presión y las sanciones internacionales.
Las fuerzas de seguridad de la ex Birmania volvieron a reprimir a pesar del llamado del Consejo de Seguridad de la ONU a abandonar el uso de la fuerza contra los manifestantes.
Según subrayaron la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, y el experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional Obiora Okafor, algunas emergencias declaradas por EEUU duran años e incluso décadas y "parecen ser excusas para imponer sanciones por un tiempo indefinido".
La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina estima que fueron muertos al menos 54 manifestantes y más de 1.700 detenidos desde el 1 de febrero, cuando los militares dieron el golpe de Estado.
El secretario de Estado, Antony Blinken, solicitó “humildemente” el apoyo de todos los miembros de la organización global para recuperar “una banca en esa institución”.
Miles de manifestantes se concentraron en el centro de Yangón, la capital económica de Myanmar, en respuesta al llamado de protestar masivamente y exigir a la junta militar la liberación de la líder Aung San Suu Kyi y que devuelva el poder a los civiles.
La dirigente de 75 años había sido detenida junto a otros políticos del país, incluido el presidente Min Wyint, e imputada por presunta violación de la Ley de Exportaciones e Importaciones por unos walkie talkies encontrados en su vivienda.
Durante una reunión realizada por teleconferencia, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Daniel Filmus, llamó al Reino Unido “a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía”.
El documento firmado por el presidente partidario y diputado nacional José Luis Gioja, señala que la iniciativa del país norteamericano contra el caribeño "implica una evidente amenaza a la seguridad e integridad del pueblo cubano así como una serie de obstáculos comerciales y sanciones económicas que van en contra de un mundo en paz y con un sistema multilateral fortalecido".
Las ONGs como la Organización de la Sociedad Civil de Myanmar y Amnistía Internacional denunciaron que el Gobierno de facto no solo bloqueó las redes sociales, sino también la conectividad a Internet a través de teléfonos celulares.
En un comunicado emitido junto a Cáritas Internacional también propuso “aliviar” la deuda de los países más pobres con la liberación de fondos para fortalecer sus sistemas de salud.