Las fuerzas de seguridad de Myanmar volvieron a reprimir este jueves una protesta contra el golpe de Estado del mes pasado y mataron a diez personas, pese al llamado del Consejo de Seguridad de la ONU a abandonar el uso de la fuerza contra manifestantes.

El ejército también presentó una nueva acusación contra Aung San Suu Kyi, la líder civil del Gobierno que derrocó el 1 de febrero.

Según el vocero de la junta militar, Zaw Min Tun, entre 2017 y 2018 la dirigente, galardonada en 1991 con el Nobel de la Paz, recibió ilegalmente 600.000 dólares y 11,2 kilogramos de oro.

El vocero militar Zaw Min Tun dijo que el ex jefe de la división de Yangon, Phyo Min Thein, admitió haberle dado el dinero, aunque no presentó pruebas.

Miles de personas realizan protestas en la ex Birmania desde el golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi al inicio de su segundo mandato y puso fin a un lento progreso hacia la democracia tras cinco décadas de gobiernos militares.

Según la prensa local, este jueves se sumaron diez muertos en las protestas: seis personas murieron en Myaing, en la región central de Magway, mientras que otras cuatro murieron en Yangon, Mandalay, Bago y Taungoo.

Estas muertes se suman al medio centenar que hubo en protestas anteriores en las que las fuerzas de seguridad usaron munición real para dispersar a los manifestantes, además de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y granadas paralizantes.

Además, muchos manifestantes fueron brutalmente golpeados.

Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió por unanimidad la revocación del golpe militar y condenó enérgicamente la violencia contra los manifestantes pacíficos.

Los 15 miembros del Consejo aprobaron una resolución en la que piden la liberación inmediata de los líderes gubernamentales y enfatizan la «necesidad de defender las instituciones democráticas».

Amnistía Internacional emitió este jueves un informe en el que sostiene que el ejército de Myanmar «está utilizando tácticas y armas que normalmente se ven en el campo de batalla contra manifestantes pacíficos y transeúntes en todo el país».

La ONG dijo que su examen de más de 50 videos de la represión confirmó que «las fuerzas de seguridad parecen estar implementando estrategias planificadas y sistemáticas, incluido el uso intensificado de la fuerza letal».

«Muchos de los asesinatos documentados equivalen a ejecuciones extrajudiciales», denunció AI.

Mientras continúan las protestas contra el golpe, la junta se enfrenta a un nuevo desafío en Kachin, el estado más al norte del país, donde el brazo armado de la minoría étnica del mismo nombre, KIA, atacó una base del Gobierno y las autoridades respondieron con ataques contra el grupo.

Hasta este jueves, KIA se había limitado a ataques verbales en rechazo al golpe de Estado.

Las acciones de Kachin se producen pocos días después de que la fuerza armada de otra minoría étnica, Karen, anunciara que protegería a los manifestantes en el territorio que controlaba.

Myanmar tiene más de una docena de ejércitos de guerrillas étnicas, principalmente en áreas fronterizas, un legado de luchas de décadas por una mayor autonomía del gobierno central.

Muchos tienen acuerdos formales o informales de alto el fuego con el gobierno, pero aún se producen enfrentamientos armados.

Los medios especulan con que algunos grupos étnicos podrían formar una alianza de facto con el movimiento de protesta para presionar al Gobierno.