Legisladores nacionales del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se reunieron en el salón Delia Parodi del Congreso con representantes de pueblos y naciones originarias, comprometiéndose en el avance del tratamiento de la extensión de la Ley 26.160.
La normativa suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de las tierras habitadas por comunidades indígenas originarias.
Como es sabido, Chile exportó su modelo neoliberal a países como Perú o Colombia, los cuales ciertamente están asistiendo a modificaciones estructurales de su sistema de organización social. Las elites políticas de América Latina tienen la chance de comprender. ¿Qué?
Los representantes ministeriales "analizaron las desigualdades y violencias estructurales que atraviesan los pueblos indígenas en el país", que el último año se vieron agudizadas por la pandemia del COVID-19.
Por primera vez, más de 20 representantes de las comunidades originarias estuvieron en el Concejo, luego de un primer encuentro fallido el año pasado por las restricciones de cuarentena por Covid. Insistieron con un pedido que consideran fundamental y expusieron sus inquietudes.
“Necesitamos que sean plenos los programas para las comunidades y que la Dirección de Pueblos Originarios esté administrada por una persona de pueblo originario y no por alguien que no lo es”, explicó a Conclusión Miguel Medina, uno de los referentes.
El 12 de octubre de 1492 comienza el genocidio de los pueblos originarios de nuestro continente.
La historia y significado de esta celebración que remite al respeto absoluto a la Madre Tierra en un sentido ambiental y de convivencia.
Abandonados a su suerte, reprimidos y empujados a un paulatino exterminio, los pueblos preexistentes al Estado siguen gritando su dolor. En Sauzalito (Chaco), la Guardia Comunitaria Wichi denuncia un nuevo hecho de violencia. “Aquí las fuerzas de seguridad en lugar de protegernos, nos maltrata, tortura y mata”, sostuvieron.
La gran mayoría de estas comunidades se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social.
Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales indicaron que está evaluando la “entrega de módulos” o que puedan "cobrar el monto de la tarjeta junto con la Asignación Universal por Hijo".
Reclaman que se implante la Emergencia Alimentaria en la provincia y que se reabran los programas nacionales.