El diputado por Mendoza consideró hace tiempo, que en medio de una crisis es necesario que haya sesiones. Cuestionó los decretos de necesidad y urgencia, pero destacó la conducción de la crisis que tiene Alberto Fernández.
Diputados y senadores vertieron sus opiniones en diálogo con Conclusión tras el discurso del presidente en la apertura de sesiones legislativas.
El gobernador Rodolfo Suárez decidió contrarrestar la movilización con intervención de la policía contra la multitud que rodeaba la Casa de Gobierno. La reforma de la ley 7722 fue acordada entre el PJ y la UCR para habilitar la megaminería.
Además, se sumaron a un nuevo interbloque que se llamará Unidad Federal para el Desarrollo, tendrá ocho diputados y podrían ser nueve por el posible ingreso de un dirigente del GEN si José Ignacio de Mendiguren se incorpora al gabinete de Alberto Fernández como ministro de Producción.
Destacó que se compromete a "abrir el Congreso", y prometió estar al lado tanto de los bloques pequeños como de los mayoritarios sin discriminación.
Un vecino organizó una campaña solidaria para que el joven, en el día de su cumpleaños, reciba regalos de la comunidad, ya que "la gente de Rosario es muy solidaria", sostuvo el organizador de la movida.
El legislador cuyano fue el único que sufragó en contra de la iniciativa que sus pares acompañaron. Y fundamentó que no daría su conformidad a ninguna ley que viole la Constitución Nacional.
El diputado nacional de Mendoza, José Luis Ramón, condenó la aprobación de normativas que se proponen dar una solución pero que finalmente serán "un atropello contra la garantías individuales". "Quien limpia un vidrio en la calle puede ser arrestado", dijo.
El diputado mendocino del Partido Instransigente, que el viernes pasado había adelantado en un comunicado que votaría a favor del proyecto, dio un vuelco en su postura luego de pensar la decisión "en el seno familiar" y a través de un video confirmó que se opondrá a la iniciativa.
El diputado Jose Luis Ramón sostuvo los gobernantes dicen que las audiencias públicas no tienen carácter vinculante, por lo que los planteos en contra del fraking solo son tenidos en cuenta como una constancia de la objeción.