La nueva resolución judicial deja sin efecto la prohibición de aplicar métodos de control sobre la población de capibaras, como la castración química o las inyecciones anticonceptivas. El conflicto entre vecinos y ambientalistas vuelve a escalar.
El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Jian, llevó adelante la solicitud en respuesta a una notificación de Washington en la cual cita que agregó tres empresas orientales a una lista que prohíbe las importaciones de las mismas sobre la base de presuntos “trabajos forzados”.
El tribunal de apelaciones confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó la desvinculación de la investigación a Macri y a sus exfuncionarios.
