La iniciativa obtuvo el respaldo -dentro de la comisión de Presupuesto y Hacienda- del interbloque oficialista del Frente de Todos y será llevada al recinto dentro de dos semanas, según señalaron fuentes parlamentarias.
En el encuentro no estuvo presente el ministro de Economía, Sergio Massa, pese al pedido que ayer realizó el interbloque opositor de Juntos por el Cambio para que fuera a explicar la iniciativa.
La iniciativa se presentó en el Senado durante abril, y fija criterios objetivos tales como unidades, choferes, pasajeros y kilómetros recorridos para distribuir el dinero.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a discutir el Presupuesto 2023, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Este miércoles expusieron funcionarios del Gobierno Nacional, pero el ministro de Economía estuvo ausente.
Si la principal bancada de la oposición repite la postura de sus pares de Diputados, el oficialismo tendrá asegurada la ley cuando llegue al recinto. Cómo están los números.
La iniciativa es impulsada en la Cámara alta por el congresista neuquino del Frente de Todos, quien se fundamenta en legislación internacional.
El proyecto impulsado por la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo venía con media sanción de Diputados. Lo había presentado en 2020 cuando era representante de la Cámara Baja.
De este modo, la Cámara alta le dio el visto bueno a la extensión de las asignaciones especificas de impuestos para el sector. La iniciativa fue aprobada por 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones.
El proyecto que declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en esos territorios obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición.
El proyecto de ley que ya fue girado a Diputados responde a la propuesta del dirigente gremial y senador provincial Omar Plaini. Señaló que “estos trabajadores y trabajadoras se encuentran dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y la precariedad laboral”.
La modificación de un artículo de la norma habilita a la Secretaría de Comercio Interior a multar con subas hasta 4.200 por ciento.
Organizaciones sociales participaron este jueves de una movilización frente al Congreso, para exigir que el Senado apruebe la reforma de la ley 27.453 para evitar desalojos en asentamientos y barrios populares y para garantizar obras de urbanización en estos territorios.