El gobierno de Venezuela extendió el bloqueo de todas las comunicaciones aéreas y marítimas y las operaciones comerciales con Aruba, Curazao y Bonaire, que inicialmente acordó por 72 horas desde el viernes pasado.
El papa Francisco advirtió sobre la "crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes" en Venezuela, al tiempo que demandó respuestas "sin demora" a las "necesidades primarias" de la población del país sudamericano.
Los saqueos, que se vienen produciendo desde principios de año, volvieron a registrarse en varias ciudades, y hubo algunos detenidos.
El presidente venezolano ordenó el cierre de los puertos y aeropuertos de Aruba, Curazao y Bonaire. La medida obedece a la "defensa de los intereses económicos de Venezuela", según expresó el mandatario.
El empresario brasileño aseguró “con certeza” que financió a la oposición peruana al igual que lo hizo con los candidatos de la derecha venezolana, aunque no especificó nombres.
El presidente de Venezuela anunció un incremento del salario mínimo, de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios en un nuevo intento por neutralizar la inflación.
El gobierno del país del norte tildo a Nicolás Maduro de conducir un "régimen antidemocrático". Por su parte la administración chavista expulsó al encaragado de negocios canadiense.
El pontífice pidió "paz para Jerusalén y toda la Tierra Santa" y un "diálogo sereno" en Venezuela, al pronunciar su mensaje de Urbi et Orbi de Navidad en Plaza San Pedro.
Fue por recomendación de la oficialista Asamblea Constituyente. Una organización de Derechos Humanos expresó que entre los liberados, 15 tendría que haber salido hace un año.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció el sábado la decisión tomada por la llamada Comisión de la Verdad, que ella también encabeza.
Se trata de personas arrestadas durante las protestas contra el presidente Maduro de este año y 2014. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 268 presos políticos.
El país latinoamericano lleva meses inmersa en crisis política y económica, la oposición denunció que los decretos de la Asamblea Nacional Constituyente amenazan con inhabilitar a partidos opositores.