La Asociación Abogados del Fuero realizaron un relevamiento a través de las redes sociales, donde midieron el impacto de las ferias judiciales y restricciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación (PJN).
El análisis dejó a la vista las complejidades cotidianas que los letrados denuncian estar padeciendo desde hace años, pero que desde que comenzaron las restricciones sanitarias por pandemia, la situación se complicó aún más.
El Fuero Nacional del Trabajo se encontraba, previo a la cuarentena y durante ella se profundizó, en un estado crítico y con mucho retraso en los tiempos judiciales.
Ya desde antes del Covid-19, el Fuero contaba con muchos cargos de jueces vacantes, con muchos magistrados a cargo de dos juzgados, lo que resultaba en la demora de los expedientes, pero desde la aplicación de restricciones sin alternativas de solución, este tiempo alcanzo niveles inhóspitos y preocupantes.
Desde la entidad, aseguran que hoy un expediente puede estar «frenado» en condiciones de pase a alegar (es decir con las pruebas concluidas) un año, y luego esperar otros dos más para el dictado de la sentencia de primera instancia. Los letrados lo llaman “tiempo muerto” justamente porque no se puede avanzar, esa demora tampoco será compensada al momento de dictar sentencia con una tasa que al menos empareje con la inflación acumulada en dicho período.
Las estadísticas emitidas por la Cámara Nacional del Trabajo, acompañan la aseveración de Abogados del Fuero. No hay muchos Juzgados y Salas que puedan decir que están al día (o con un retraso leve) en el dictado de sentencias. Son muy pocas las excepciones.
Indemnizaciones licuadas por la inflación
Ese plazo tan largo para que un trabajador acceda a la indemnización, va en desmedro de los créditos, llegándose a resultados donde el trabajador y los letrados perciban tan solo la quinta parte del poder adquisitivo del importe originalmente reclamado.
Por esta razón, el fuero decidió seguir aplicando una tasa de interés muy por debajo de la inflación acumulada promedio, en comunión al dilatado proceso judicial que se evidencia en lo antes detallado, atado a una inflación que hace años está por arriba del 40 %, hacen un combo de “Licuación de Créditos” insostenible y, a su entender, injusto.
Cuando la Asociación de Abogados del Fuero habla de decisiones que nos llevaron a este presente, lo dice porque desde marzo 2020 continúan sin presencialidad, sin Mesa de entradas operativa, sin audiencias testimoniales en muchos de los juzgados, y “todo ello a pesar de los innumerables reclamos y presentaciones efectuadas alertando, dando ideas, proyectando, solicitando por parte de los letrados que nuclea la Asociación”, apuntaron los letrados.
Y agregaron: «A esta altura de los acontecimientos, cada juzgado debería contar con una mesa de entradas virtual donde las partes puedan evacuar sus dudas, inclusive con la vuelta a la presencialidad, se podría pensar en un sistema mixto. Ha pasado casi un año y medio y las autoridades no han dado una solución concreta respecto de la atención al público, pues algunos juzgados no atienden en persona, no atienden el teléfono, no contestan los correos electrónicos y nadie los sanciona».
También remarcaron que es inadmisible por parte de la Corte Suprema de la Nación, que cuenta con fondos anticíclicos que no aplica ni aún frente a tal envergadura de crisis y emergencia, que a la fecha no se transfiera suficiente tecnología a los juzgados como para que los proveídos frente al pedido de audiencia testimonial no sea «cuando haya posibilidades tecnológicas».
Los letrados nucleados en la institución, sostienen que en el fuero del trabajo la mayoría de los expedientes en etapa de prueba están a la espera de audiencias testimoniales y que «suele ser la prueba más importante de producir en una causa de índole laboral» y, por tanto, «se ha generado un cuello de botella que va a llevar muchos años poder drenar, si no se toman decisiones acordes».
En relación a esta problemática, los profesionales concluyeron: «Maximiza aún más la situación imperante, que si proyectivamente vemos más empobrecida a la clase trabajadora, mayor será el nivel de reclamo, por lo que en los años venideros no podemos esperar que la judicialización decrezca, sino todo lo contrario, lo que generará indefectiblemente mayor impacto en los 80 Juzgados Nacionales del Trabajo y las 10 Salas, que es con lo que contamos como sociedad a nivel nacional para hacer justicia en materia laboral».
