Algodonera Avellaneda: cinco empresas se interesaron en los activos y crece la preocupación por el futuro de 300 trabajadores

A menos de tres semanas de que se decretara la quiebra de Algodonera Avellaneda, cinco empresas manifestaron interés en adquirir los activos de la histórica fábrica textil ubicada en Reconquista, Santa Fe. Entre las firmas preinscriptas figuran Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA. En este contexto, el juez que interviene en la causa, Fabián Lorenzini, autorizó visitas a las instalaciones para que los posibles compradores puedan evaluar su estado y analizar una eventual adquisición.

La decisión quedó plasmada en una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, firmada el martes 3 de noviembre. En el documento, Lorenzini tomó conocimiento de las cinco empresas informadas por la sindicatura, en el marco del proceso de preinscripción de interesados que había sido dispuesto el pasado 23 de octubre.

A partir de esta instancia, los potenciales compradores podrán acceder a información técnica y recorrer las plantas industriales para conocer las condiciones de los activos. Según estableció el magistrado, las visitas deberán coordinarse bajo el control y la supervisión de la sindicatura.

La aparición de estas firmas representa un avance en la búsqueda de alternativas para el futuro de la compañía, aunque todavía no implica la presentación de ofertas económicas concretas ni garantiza una operación de compra.

El plazo para la preinscripción de interesados permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre de 2026, a las 12.45. El objetivo de la Justicia es identificar inversores que puedan hacerse cargo de las unidades productivas vinculadas con la cadena del algodón, desde el procesamiento de la fibra hasta la fabricación de hilo y tela.

Asimismo, Lorenzini concedió una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales para profundizar el análisis de la situación de los establecimientos. La decisión se fundamentó en la complejidad técnica, operativa y económica de las distintas plantas y en la necesidad de evaluar su continuidad como unidades productivas antes de avanzar con la liquidación de los bienes.

La búsqueda de posibles compradores se inició luego de que fracasara el proceso de salvataje de la empresa. Al no presentarse interesados en esa instancia, el magistrado decretó la quiebra el pasado 14 de octubre y abrió una nueva etapa para determinar el destino de los activos.

Durante una audiencia con trabajadores, representantes sindicales y acreedores, el juez había anticipado su intención de convocar a inversores antes de fin de año. La prioridad es encontrar alternativas que permitan mantener las instalaciones operativas y preservar las fuentes laborales.

Además de las plantas industriales, la Justicia busca acelerar la venta de bienes considerados no esenciales u ociosos para generar liquidez y afrontar salarios e indemnizaciones. Entre ellos se encuentra un inmueble ubicado en Sáenz Peña al 1074, en la Ciudad de Buenos Aires, por el que también se recibirán ofertas hasta el 11 de noviembre.

El magistrado aclaró que tanto la preinscripción como las propuestas por los bienes tienen carácter preliminar. Por lo tanto, la presentación de una oferta no otorga automáticamente derechos de compra, ya que cualquier operación deberá contar con autorización judicial y podrá estar sujeta a mejoras de las propuestas.

Uno de los principales obstáculos para sostener la actividad de Algodonera Avellaneda es su delicada situación financiera. La empresa acumula compromisos por más de US$260 millones y una deuda superior a los $4.600 millones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe.

La empresa recibió una intimación de pago el 26 de octubre, con un plazo que vencía el 5 de noviembre y la advertencia de un posible corte del suministro eléctrico. Frente a ese escenario, Lorenzini solicitó a la sindicatura que informe cuáles serían las consecuencias de una eventual interrupción del servicio para el funcionamiento de las instalaciones.

La deuda energética representa un problema central para la continuidad productiva, ya que el suministro eléctrico resulta indispensable para mantener operativas las plantas y preservar su valor de mercado ante una eventual venta.
La situación también llegó a la Legislatura de Santa Fe. El diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto para solicitar información al Gobierno sobre las medidas previstas para evitar el cierre definitivo de la empresa y garantizar la continuidad de los aproximadamente 300 puestos de trabajo.

El legislador pidió que los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo, junto con la EPE, informen qué acciones concretas y en qué plazos se implementarán para atender la crisis de la firma.

Entre otros puntos, reclamó precisiones sobre la asistencia económica que recibirán los trabajadores suspendidos quienes no cobran sus salarios desde diciembre de 2025. También solicitó conocer qué herramientas económicas, políticas o financieras podrían instrumentarse para sostener la actividad y preservar las fuentes laborales.

Por otra parte, el legislador planteó la necesidad de avanzar en gestiones ante la Justicia federal para intentar recuperar parte de los US$788 millones que, según denunció, fueron fugados por exdirectivos del grupo Vicentin, al que pertenecía Algodonera Avellaneda.

Además, recordó que durante la audiencia informativa del 22 de octubre se dejó establecido que la quiebra debía avanzar con continuidad laboral, con el objetivo de procurar una mejor liquidación de los activos.

Mientras tanto, el futuro de la histórica algodonera permanece sujeto a las decisiones judiciales y a la posibilidad de que alguno de los cinco interesados avance con una propuesta concreta. La principal preocupación sigue siendo evitar el cierre definitivo de las instalaciones y encontrar una salida que contemple tanto a los acreedores como a los trabajadores y sus familias.