La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desarrolla este viernes un nuevo paro nacional para rechazar la ola de despidos impulsada por la gestión de Javier Milei y exigir que el Gobierno publique la lista de con los supuestos ñoquis que dice estar expulsando de la administración pública.
Le medida de fuerza fue definida en un plenario federal de delegadas y delegados de ATE, desarrollado el pasado miércoles, e incluye movilizaciones en distintos puntos del país.
En la décima jornada de paro nacional llevada a cabo desde el inicio de la gestión de Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado exige que el Ejecutivo presente el listado de «ñoquis» despedidos o que, de lo contario, concrete el inmediato pago de las remuneraciones a todos y cada uno de los cesanteados.
«Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que reinstalar en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios», resaltó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Y acentuó: «Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente».
ATE destacó que el despido de más de 11.000 trabajadores del Estado Nacional y la amenaza de llegar a 70.000 desvinculaciones revelan un total desconocimiento de la gestión y la intención de desmantelar todas las políticas públicas que puedan.
«Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación. Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: en este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país», denunció Aguiar.
