Despidos, Gendarmería y silencio oficial: tensión en la Comisión de Energía Atómica ante vencimiento de contratos
Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica denunciaron al menos 170 contratos no renovados, restricciones para ingresar a la sede central y un desalojo violento. Desde ATE advierten que el conflicto forma parte de un ajuste más amplio sobre organismos estratégicos del Estado.
La incertidumbre que desde hace semanas atravesaba a trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica se convirtió en una jornada de tensión, angustia y resistencia ante el vencimiento de cientos de contratos. Hasta el momento, según datos relevados por trabajadores y sectores gremiales, son al menos 170 los contratos afectados por no renovación.
Personal de la CNEA comenzó a acercarse a la sede central del organismo para conocer si podría continuar en sus puestos de trabajo. Al llegar al edificio los trabajadores se encontraron con un operativo de Gendarmería Nacional dentro de la sede. El personal habría sido impedido de avanzar más allá de la zona de fichaje, bajo el argumento de que se trataba de órdenes impartidas por la Presidencia del organismo.
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Trabajadores de la Comisión Nac. de Energía Atómica denunciaron al menos 170 contratos no renovados, restricciones para ingresar y violencia
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Marcelo Martínez, militante de ATE en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y revisor de cuentas de la CTA Autónoma, relató que la posibilidad de que los contratos no fueran renovados era una preocupación que venía creciendo desde hacía semanas. “Se sospechaba que no iban a renovar los contratos, que es una forma de despido encubierto”, señaló Martínez.
Frente a esta situación, la Junta Interna de ATE en la CNEA comenzó a organizar un ruidazo dentro del edificio central. La protesta contó además con el acompañamiento de ATE Capital y ATE Nacional, mientras representantes gremiales intentaban reunirse con las autoridades para exigir explicaciones y reclamar la continuidad de los contratos.
Según Martínez, luego de varios minutos de tensión, Gendarmería recibió la orden de desalojar el lugar. “A base de palazos empezaron a herir a los compañeros”, denunció. Hasta el momento no se conoció una comunicación oficial de la CNEA que precise el motivo del operativo ni el número final de contratos no renovados.
Trabajadores precarizados
La situación vuelve a poner en el centro del debate la precarización laboral dentro de organismos estatales estratégicos. En el caso de la CNEA, los contratos alcanzan a trabajadores de áreas técnicas, científicas, administrativas y de investigación, vinculadas a proyectos de desarrollo nuclear, medicina nuclear, laboratorios y producción de conocimiento especializado.
La preocupación no se limita a la pérdida inmediata de puestos de trabajo. La Comisión Nacional de Energía Atómica reúne décadas de experiencia en investigación, formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico, producción de radioisótopos, seguridad nuclear y proyectos de infraestructura científica.
Para los trabajadores, la desvinculación de personal especializado implica debilitar capacidades que requieren años de formación y que no pueden recuperarse de manera inmediata.
Desde ATE entienden que lo ocurrido en la CNEA no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de ajuste más amplio sobre distintos organismos del Estado nacional. Según plantean, ese proceso se expresa en la reducción de personal, el cierre o debilitamiento de servicios internos y la pérdida salarial derivada de negociaciones colectivas que no logran recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
Martínez, además, sostuvo que detrás de cada contrato no renovado hay una situación social concreta. “Estamos hablando de compañeros, compañeras y compañeres que son sostén de familia muchos”, expresó.
Sin aviso previo ni explicaciones
El presidente de la CNEA, Martín Porro, fue cuestionado por trabajadores que intentaban obtener explicaciones durante la jornada. Según el testimonio de Martínez, Porro evitó reunirse con los representantes sindicales y se retiró del lugar por otro sector del edificio.
Por su parte, un trabajador del organismo, señaló a Conclusión: “Hoy, final de junio, nos anoticiaron en el mismo día que era nuestro último día a 65 personas”. “No hubo ni siquiera un aviso informal un día antes, cinco días antes, una situación donde uno como persona se pueda organizar un poco”, cuestionó.
A su vez, el trabajador agregó que los salarios de las personas alcanzadas por estas modalidades contractuales rondan entre los 900 mil y el millón de pesos mensuales, con variaciones según el nivel de formación y las tareas desempeñadas. Para los sectores gremiales, se trata de ingresos que quedan por debajo del costo de vida y que además están sujetos a una incertidumbre permanente por las renovaciones trimestrales.
Siete décadas de investigación
CNEA “no es una institución más”, expresó el trabajador. La entidad reúne más de siete décadas de experiencia en investigación, desarrollo nuclear, producción de radioisótopos, formación de especialistas y tecnologías vinculadas al ciclo nuclear. Según su mirada, la CNEA forma parte de un grupo reducido de instituciones a nivel internacional con capacidad para intervenir en distintas etapas del desarrollo nuclear, desde la investigación y el uso de radioisótopos hasta la producción de energía y la formación de recursos humanos especializados.
También expresó preocupación por el futuro de proyectos como Carem y el reactor multipropósito RA-10. Según su interpretación, las decisiones de gestión podrían comprometer el carácter público de desarrollos estratégicos financiados durante años por el Estado.
Sobre el Carem, sostuvo que el proyecto habría perdido centralidad dentro de la CNEA y advirtió sobre una posible transferencia de capacidades hacia capitales privados e internacionales. Respecto del RA-10, vinculado a la producción de radioisótopos y aplicaciones en medicina nuclear, manifestó temor ante una eventual privatización futura. Al cierre de esta nota, no se conoció una comunicación oficial de la CNEA que confirmara la privatización, venta o transferencia de los proyectos Carem o RA-10.
Mientras continúan las protestas y los reclamos por la renovación de los contratos, la situación abre una discusión que excede el conflicto laboral inmediato: qué lugar ocupa la ciencia, la tecnología y el desarrollo nuclear nacional en un contexto de recorte presupuestario, pérdida salarial y expulsión de trabajadores formados en áreas estratégicas.
La pregunta que atraviesa a quienes se movilizan sigue sin respuesta: cómo puede sostenerse un proyecto de soberanía tecnológica y desarrollo nuclear mientras se deja afuera a las personas que construyen, sostienen y transmiten ese conocimiento todos los días.