Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Repartidores de la Provincia de Santa Fe insistieron con que se trate el proyecto de Moto Segura que por estos días está detenido en la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal.
Al respecto, el secretario general de la organización gremial, Nicolás Martínez, recordó que la iniciativa “ya se presentó y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Seguridad” y recordó: “Se busca crear un registro municipal de los trabajadores y trabajadoras repartidores, que a través de ese registro se le otorga un QR para una fácil identificación en los controles de quiénes somos, los que estamos trabajando en moto en la ciudad y quiénes no, porque hay muchos casos como el que pasó la semana pasada, el martes, que ladrones disfrazados de nosotros, con la moto que nos roban, con la caja o mochila que nos roban, nuestra ropa, cometen delitos disfrazados de repartidores, cadetes, deliverys”.
“El proyecto plantea que tengamos algunas herramientas para achicar el margen de estos delitos. Por ejemplo, el registro, también una implementación de un GPS en las motos para poder seguir esa moto y recuperar la moto que es nuestra herramienta de trabajo”, señaló Martínez.
Enseguida, se lamentó: “La moto y el celular son herramientas fundamentales para nuestra actividad que sin eso no podemos desarrollarla. Pasamos a ser desocupados al otro día después que nos roban. Así que tiene un agravante especial para nosotros”.
“El GPS permitiría localizar esa moto y que los compañeros recuperen su herramienta de trabajo. También un botón antipánico. Lo que fue en el proyecto fue la discusión de que por qué el Municipio tenía que pagarlo o por qué las empresas. Nosotros como sindicato estamos totalmente de acuerdo en que lo paguen las empresas. De hecho, es lo que nos parecería correcto”, describió.
A continuación, se quejó al respecto de que “nadie regula estas empresas, no hay un control del Estado. Muchas de estas empresas funcionan sin habilitación, sin registrar a sus trabajadores, sin tributar, sin pagar impuestos. Entonces, vemos muy poco real que lo controlen para que se adecuen a estas nuevas ordenanzas si no lo hacen con las ordenanzas ya vigentes”.
“Lo que estamos pidiendo es que se retome esta discusión, que se logre avanzar en este proyecto, que no va a ser la solución para una realidad, una problemática estructural como es la inseguridad, pero por lo menos va a achicar el margen y principalmente para nuestro sector”, finalizó Martínez.
