MARTES, 23 DE JUN.

Fuerte protesta de trabajadores de Atucha por atraso salarial y persecución laboral del Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones del sector nuclear encabezaron una masiva movilización en el complejo Atucha y sus accesos. Denuncian despidos antisindicales, salarios deteriorados, la paralización del proyecto CAREM y un plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

Trabajadores del Complejo Nuclear Atucha protagonizaron este martes una protesta en la localidad bonaerense de Lima para reclamar por el atraso salarial, denunciar despidos que consideran persecutorios y rechazar las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre el sector nuclear. La movilización, encabezada por ATE y otras organizaciones gremiales, se produjo en medio de un creciente conflicto que se profundizó tras el despido del delegado Mariano Saleh y la paralización de proyectos estratégicos para la industria nuclear argentina.

El conflicto, que comenzó con reclamos salariales, escaló en las últimas semanas luego de que la empresa desvinculara a Mariano Saleh, delegado sindical con 14 años de trayectoria en la planta. Los trabajadores sostienen que la decisión tuvo un fuerte contenido político y denuncian un clima de vigilancia y persecución dentro del complejo, con restricciones a la actividad gremial y controles destinados a impedir la difusión de las condiciones laborales y operativas de la central.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la paralización del proyecto CAREM, el reactor modular de diseño argentino que registraba un avance cercano al 80 por ciento. La administración nacional decidió frenar la iniciativa al considerarla económicamente inviable, una medida que generó fuerte malestar entre técnicos, profesionales y operarios que ven en el proyecto un símbolo de soberanía tecnológica y desarrollo científico nacional.

Según denuncian los sindicatos, la interrupción del CAREM se produce en paralelo con procesos administrativos que permitirían el ingreso de capitales privados para evaluar activos de la empresa, situación que alimenta los temores de una futura privatización del sector nuclear estatal. A esto se suma, afirman, una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de instancias de negociación para resolver el conflicto.

En ese contexto, Saleh recibió el respaldo de trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Sindicato Luz y Fuerza de Zárate, de profesionales nucleares y de organizaciones sindicales de otros sectores, entre ellas representantes del Hospital Garrahan y de SUTEBA Tigre.

El exdelegado sostiene que su despido responde a motivos ideológicos y a cuestionamientos que realizó en redes sociales contra la gestión energética del Gobierno. “No puede ser que me echen por dos tuits. Es increíble, pero están usando todo el aparato del Estado que venían a destruir para atacarme”, afirmó. Además, denunció que la empresa recurrió a medidas judiciales para impedirle el ingreso a su lugar de trabajo bajo argumentos vinculados a la seguridad de la planta, acusación que rechaza de manera categórica.

Saleh también vinculó su situación con una estrategia más amplia de disciplinamiento sindical y cuestionó el rol de funcionarios nacionales y directivos de la empresa en el proceso que derivó en su desvinculación. Asimismo, rechazó las acusaciones que intentaron asociarlo con conductas que afectaran la seguridad nuclear y aseguró que las denuncias en su contra buscan desalentar la organización gremial y las críticas al rumbo que tomó la política nuclear argentina bajo la actual gestión.

 

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