La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) cumplió hoy su primer paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri, con cortes de calles en el microcentro a cargo de agrupaciones políticas y sociales sin que el Gobierno aplicara el protocolo antipiquetes, que recibió además respaldo judicial.
El reclamo de ATE se centró en los despidos de trabajadores que se registraron en el gobierno nacional, provincias y municipios que ascienden a 21 mil, desde el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, además del pedido de «paritarias sin techo».
La marcha se inició en el Obelisco y fue acompañada por manifestantes arribaron a Plaza de Mayo luego de concretar cortes de tránsito en distintos puntos del centro y el microcentro porteños, mientras que la policía se limitó a desviar el tráfico vehicular.
El titular de ATE, Hugo Godoy, sostuvo que el protocolo contra los reclamos es «anticonstitucional y lo cuestionamos en su propia legalidad» y rechazó la convocatoria que tuvieron en los días previos a la marcha de hoy a la Secretaría de Seguridad Interior. «Nos debió haber convocado el ministro de Trabajo para resolver los problemas de los trabajadores», criticó.
El gremialista denunció que en todo el país hubo más de 21 mil trabajadores del Estado despedidos, y dijo que «lamentablemente» el ministro de Modernización, Andrés Ibrarra, anunció que «se van a continuar despidiendo trabajadores».
«Es como apagar un incendio con nafta. Es una actitud muy provocadora del gobierno y anuncia situaciones de continuidad en las medidas de fuerza», indicó el dirigente gremial.
En el mismo sentido , denunció la situación de «precariedad» de 95 mil trabajadores del Estado y dijo que «no se puede aceptar que una situación tan injusta se sostenga».
Se trató del primer paro de estatales contra el Gobierno de Macri tras la puesta en marcha del polémico protocolo antipiquetes, que finalmente no se aplicó, luego de negociaciones con la conducción del gremio de estatales.
ATE, por otro lado, había presentado un pedido de habeas corpus para que no se implementara el nuevo procedimiento contra los cortes de calles, pero fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad, que ratificó su vigencia.
Si bien contaba con el respaldo judicial, el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich no desalojó las calles aledañas a la zona de la Plaza de Mayo, donde se produjo la concentración principal, conformada por manifestantes de ATE, La Cámpora, Kolina, el Frente de Izquierda y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
Sólo se registró una acción de la Policía Federal en la zona de avenida Corrientes y Callao, donde efectivos liberaron parte de la vía que se encontraba cortada desde las primeras horas de la mañana por militantes de partidos de izquierda.
El secretario general de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, advirtió al respecto que el protocolo antipiquetes «es un instrumento inconstitucional» y consideró que el Gobierno busca «intimidar».
«El protocolo antipiquetes es un instrumento inconstitucional que nosotros cuestionamos en su legalidad, por eso nos presentamos ante la Justicia», sostuvo el dirigente gremial.
Sobre el reclamo central por los despidos, Godoy subrayó que «el argumento de que eran ñoquis ni el propio Gobierno lo sostiene» porque -subrayó- «han reconocido que lo que quieren es reducir personal».
Antes del inicio de la jornada de protestas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad rechazó una acción de habeas corpus preventivo contra el protocolo presentada por Bruno Martínez, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital.
En el fallo, el tribunal resaltó que el manual aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, «lo que da por tierra con cualquier posibilidad de menoscabo a la libertad ambulatoria, que en definitiva constituye el bien jurídico tutelado por ley».
En primera instancia, la jueza Graciela Dalmas había ordenado medidas precautorias ante la posible aplicación del protocolo -como pedir que el Ministerio de Seguridad arbitrara los medios necesarios para que las fuerzas de seguridad no portaran armas de fuego, ni utilizaran balas de goma-, pero quedaron sin efecto tras la decisión de los magistrados Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch.
En tanto, el juez de menores Enrique Velazquez le pidió al Ministerio de Seguridad que explique qué medidas se adoptaron este miércoles en el microcentro porteño, ante otra acción de habeas corpus presentada por organismos de derechos humanos.
