El gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, surgido tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón, intervino la CGT, las obras sociales y suspendió la actividad gremial en fábricas y empresas.
Al mismo tiempo, dirigentes sindicales, delegados y trabajadores fueron encarcelados, perseguidos y desaparecidos como parte de la dinámica represiva instalada por el terrorismo de Estado.
A tres años de haber iniciado su gestión como ministro de Trabajo, el general Tomás Horacio Liendo, aplicó la Ley de Asociaciones Profesionales que limitaba la cantidad de delegados de fábrica.
Por esa norma de la dictadura se autorizó la libre afiliación a los gremios, se disolvieron las asociaciones de tercer grado y se exigía una constancia de «buena conducta” de la policía para presentarse a trabajar.
El movimiento obrero estaba dividido entre la Comisión Nacional del Trabajo -integrada por el dirigente plástico Jorge Triaca, el telepostal Ramón Baldassini y el sindicalista del vidrio Jorge Luján-, que propiciaba un diálogo con el régimen militar y la Comisión de los 25, de identidad peronista y con un perfil marcadamente opositor.
“Nos llevó más de un año organizar lo que para nosotros era una forma de demostrarle a los argentinos y al mundo que los sindicatos estaban de pie. Queríamos protestar contra una política económica, pero también denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometían”, recordó Roberto Digón, entonces líder del gremio de los trabajadores de la industria del Tabaco y referente de los 25.
Esa facción más combativa estaba formada por sindicatos de trabajadores cerveceros -bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini-, del tabaco, mecánicos, metalúrgicos, camioneros, taxistas y estatales.
Este grupo resolvió convocar a un paro el 21 de abril -desde la sede del sindicato de los Molineros- pero dos días más tarde, los principales dirigentes que propiciaban la medida de fuerza fueron detenidos.
“Nos llamaron el 23 a una reunión en el Ministerio de Trabajo, estuvimos ahí desde las 14 a las 21. Cuando salimos hubo un apagón, nos subieron a los Ford Falcon de la Policía y nos metieron en Coordinación Federal. A los pocos días de ahí, a la cárcel de Caseros, donde seis dirigentes estuvimos presos durante nueve meses”, remarcó.
Pese a estas detenciones, el paro se llevó a cabo y estuvo motorizado por las segundas líneas de los gremios, que lograron que la medida se sintiera en plantas automotrices e industriales del cordón fabril del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Aunque no contó con una adhesión masiva, la medida de fuerza marcó un hito en la resistencia del movimiento obrero frente a la dictadura.
“Cuando salí de la cárcel organizamos la CGT Brasil con el liderazgo de Ubaldini y realizamos la marcha de Paz, Pan y Trabajo durante la procesión a San Cayetano. El 30 de marzo de 1982 marchamos a la Plaza de Mayo contra la dictadura, que lanzamos tres días antes de la Guerra de Malvinas cuando la dictadura había decidido fugar hacia adelante”, puntualizó Digón.
