El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, afirmó hoy que la Casa Rosada apuntará contra el personal contratado que no cumple «una función en el Estado», al tiempo que anticipó que se encarará la política de «Gobierno Abierto» para «darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública».
«Iremos muy fuerte con aquellos contratados que no cumplen una función en el Estado», sostuvo el funcionario nacional, al término de una reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.
En conferencia de prensa en la Casa Rosada, resaltó que los gremios de trabajadores estatales le «manifestaron que estaban de acuerdo» con ese criterio.
«Estamos encarando este tema con una enorme responsabilidad», puntualizó Ibarra, quien consideró que «es una falta de respeto a los empleados y la ciudadanía» si hay «contratados que no cumplen una función en el Estado».
A la vez, el ministro de Gestión y Modernización explicó que un decreto de Macri formalizará la decisión de establecer un «portal de datos abiertos con información que hasta hoy no era publicada».
Al respecto, apuntó contra las gestiones del Frente para la Victoria y resaltó que la publicación de datos abarcará las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y «toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente».
«De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente», agregó Ibarra.
En ese sentido, subrayó que el «Gobierno Abierto» se trata de «una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos», así como también manifestó que se busca que la Argentina tenga «un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y la innovación».
Los gremios del congreso cuestionaron las cesantias
Gremios de empleados del Congreso cuestionaron la cesantía de 2.035 trabajadores del Senado anunciada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.Claudio Brito, de ATE Congreso, señaló que desde ayer están «en
estado de alerta y movilización», mientras que Norberto di Próspero, titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), volvió a criticar el anuncio oficial y no descartó medidas de fuerza.
«Es una medida aberrante, no están echando ñoquis sino gente que va a trabajar todos los días», advirtió Di Próspero.
En declaraciones a Radio del Plata, el sindicalista señaló que «no pueden comprobar que no trabajan, porque para demostrarlo tienen que hacer una auditoría, pero acá primero sacaron el decreto y después armaron la comisión para investigar».
«Yo creo que es una política de Estado que ya la vivimos en la Argentina; la quieren dibujar como que hay ñoquis, para justificar que van a echar trabajadores para achicar la planta», remarcó Di Próspero.
Michetti dijo que dispuso «La baja de los 2035 empleados con un criterio lógico»
La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó este martes que resolvió con «un criterio lógico» la baja de 2.035 empleados incorporados en 2015 a la planta permanente del Senado mediante tres decretos del entonces vicepresidente Amado Boudou.
«Hemos tomado una resolución con un criterio lógico», declaró Michetti a radio Mitre y aseveró que en la adopción de la medida, rechazada por los gremios, contó con el acuerdo de los presidentes de diversos bloques del Senado, incluidos los de oposición.
«Miguel Ángel Pichetto, del Frente para la Victoria; Adolfo Rodríguez Saá, del Interbloque Federal y los radicales, que están junto con nosotros en Cambiemos, todos me acompañan en esta medida. Es más, la hemos tomado juntos», sostuvo la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado.
