Los vigiladores anuncian un plan de lucha en todo el país por el incumplimiento empresario del acuerdo salarial
La Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada acusó a la cámara empresarial de desconocer un entendimiento paritario y anticipó asambleas, protestas y otras medidas de fuerza mientras reclama un salario superior a los 2 millones de pesos para el vigilador general.
La negociación paritaria de los trabajadores de la seguridad privada entró en una etapa de máxima tensión luego de que la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (Fatrasep) denunciara que la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) se negó a formalizar un acuerdo salarial que, según el gremio, ya había sido consensuado de manera verbal.
De acuerdo con la federación, el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del vigilador general a 2.000.050 pesos durante el segundo semestre del año. Sin embargo, la representación empresaria condicionó la continuidad de la negociación a la discusión de un nuevo convenio colectivo, una postura rechazada por Fatrasep, que sostiene que el convenio vigente mantiene plena validez hasta fin de año.
Ante este escenario, la organización sindical ratificó el estado de alerta y movilización y anunció el inicio de un plan de lucha en todo el país. Las medidas incluyen asambleas informativas, manifestaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de Caesi.
Desde la federación también cuestionaron que las propuestas salariales presentadas por el sector empresario no compensan la pérdida del poder adquisitivo y denunciaron que se intentó condicionar el acuerdo a modificaciones de derechos ya establecidos en los convenios colectivos de la actividad.
Además de las acciones gremiales, Fatrasep adelantó que presentará una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por la negativa de la cámara empresaria a avanzar con la negociación.
El conflicto reabre una disputa que parecía encauzada tras el acuerdo alcanzado para el primer semestre de 2026, cuando ambas partes consensuaron una actualización salarial que luego fue replicada en otros convenios del sector.
Ahora, la falta de avances vuelve a poner en tensión una actividad que emplea a miles de vigiladores en todo el país.