Los trabajadores de seguridad privada nucleados en la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (Upsra) se declararon en alerta y movilización y anticiparon que bloquearán los ingresos y egresos de camiones en las plantas de General Motors, Siderar y Acindar si no se llega a un acuerdo este lunes en la audiencia con la cámara empresarial del sector.
Parte del personal mostró su disconformidad con un acuerdo recientemente sellado entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (Fatrasep) con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada e Investigación (Caesi), por lo que este lunes su representante paritaria, Celeste Ferrara, negociará con los empresarios en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En ese contexto, la Upsra alertó en un comunicado que «de no arribar a un acuerdo se lanzaran medidas de fuerza”.
Por lo pronto, el gremio exige un aumento que comprende un salario de 137 mil pesos desde noviembre, 147 mil pesos a cobrar en diciembre y 157 mil pesos en enero de 2023.
El acuerdo logrado por la Fatrasep alcanza “solamente unos 134 mil pesos recién enero”, explicó Roberto Mamoli, representante gremial de San Nicolás y con presencia en la comisión directiva nacional de Upsra.
Este sector cerró una paritaria que contempló una recomposición salarial de casi el 86 % a enero 2023. En tanto, en el marco de la inflación proyectada se reabrió nuevamente la negociación salarial y de lograrse el acuerdo el sector treparía a una paritaria récord de 130 por ciento a 2023.
Medida de fuerza
La Upsra ya avisó que si este lunes no hay acuerdo paritario, inmediatamente desde las 18 se lanzará una batería de medidas de acción directa.
En la zona de Rosario y alrededores se bloquearán los ingresos y egresos de camiones en las puertas de las plantas de Siderar (San Nicolás), Acindar (Villa Constitución) y General Motors (Alvear).
“Las medidas serán permanentes hasta tanto no aparezca la solución al reclamo salarial”, señaló Favio Gomez, representante gremial de Upsra en Rosario
El conflicto afecta a unos 6 mil vigiladores privados en Rosario y zona influencia.
