La situación de los trabajadores de Garbarino está cada día más compleja debido a que hace ya seis meses que no reciben sus sueldos mientras predomina la idea de que el destino de la cadena que cerró sus puertas este año tardará en resolverse.

Por su parte, la empresa busca imponer un retiro voluntario que para los empleados que representan unas 4.000 familias es una falta de respeto.

La propuesta realizada a fines de octubre fijó las pautas a través de cláusulas que indicaban que los pagos de las indemnizaciones se harían a partir de 2022 y en 24 cuotas consecutivas.

En cuanto a la actividad empresarial, un representante de los empleados le dijo a Patricio Eleisegui de iProfesional que «no quedan locales haciendo ventas, la cadena no opera más de esa forma. Hay sucursales que levantan la persiana en San Juan, Chaco, Salta y Paraná, pero nada más. No están comercializando productos».

En tanto, desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys) afirmaron que “no es legal ni representa los montos que corresponden a las indemnizaciones por despido. Este tipo de acciones, además de traer incertidumbre al personal, no poseen el aval ni el acuerdo de ningún sindicato de comercio ni de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que representa los intereses de todos los trabajadores de comercio del país».

Consultados sobre el diálogo con la compañía, los representantes gremiales afirmaron que “(Carlos) Rosales fue matando la cadena de a poquito”, además de indicar: “Está fugado, no aparece por ningún lado y tenemos dudas de que hoy esté en la Argentina”.

«Rosales directamente dejó de dar la cara. Quien se hace cargo de algunas de las conversaciones es Mariana Casares, la vicepresidenta de la compañía. Quien, por otro lado, en lugar de buscar una salida que beneficie a todos no ha hecho más que espantar a los potenciales inversores», afirmaron.