Trabajadores del Agudo Ávila reclaman la aplicación de la Ley de Salud Mental y el fin de la precarización laboral

Trabajadoras y trabajadores del Agudo Ávila realizaron este jueves 29 de octubre una jornada de lucha para exigir la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, el fin de la precarización laboral, salarios dignos y el pase inmediato a planta permanente de todo el personal contratado.

La convocatoria concentración comenzó a las 11 horas en el establecimiento ubicado en Suipacha 67, donde se instaló una carpa sanitaria y se llevó adelante una radio abierta para visibilizar los reclamos del sector.

La protesta, impulsada por trabajadores de la salud mental junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), busca poner en agenda la necesidad de transformar el modelo de atención, fortalecer los dispositivos comunitarios y garantizar condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen el sistema público.

La implementación de la Ley de Salud Mental

Uno de los principales reclamos es la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada hace más de una década. Según explicó una trabajadora del sector, el objetivo es avanzar en la transformación y el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos y manicomios, tal como establece la normativa, mediante la creación de servicios de atención insertos en las comunidades.

“Necesitamos muchísimos más dispositivos comunitarios, puestos de trabajo, psicólogas, terapistas ocupacionales y todo lo que se necesite para que la población tenga acceso a una salud de calidad, a un derecho”, sostuvo Lucía Casiello, referente de ATE.

Asimismo, advirtió que la demanda de atención en salud mental crece, mientras que la estructura del sistema público no se fortalece en la misma proporción.

La situación se vuelve más compleja ante el aumento de las consultas y las dificultades para conseguir turnos. Según describió la trabajadora, cada vez más personas se acercan al sistema público para acceder a tratamientos de salud mental, pero pueden enfrentar demoras de uno o dos meses para conseguir una primera consulta.

“En general, la urgencia de salud mental tiene una clave muy importante en el tiempo”, señaló.

A este escenario se suma la llegada de personas que contaban con cobertura de obra social y perdieron su empleo, por lo que deben recurrir a los servicios públicos.

Casiello remarcó que dichca situación «genera una sobrecarga en los equipos de salud, tanto en el volumen de trabajo como en el desgaste físico y mental de quienes atienden».

Otro de los ejes centrales de la jornada fue el reclamo por mejores salarios y estabilidad laboral.

La trabajadora explicó que los equipos de salud mental enfrentan múltiples formas de contratación precaria, con renovaciones periódicas que generan incertidumbre entre el personal y afectan el funcionamiento de los servicios.

“Tenemos trabajadores formados y formadas que lo que hay que hacer es que pasen a planta”, destacó y añadió: » el personal contratado cobra considerablemente menos que quienes están en planta permanente, pese a realizar las mismas tareas».

En ese contexto, advirtió que hay compañeros que perciben menos de un millón de pesos mensuales.

La precarización y los bajos salarios también repercuten en la salud de quienes trabajan en el sistema público. Ante la necesidad de sostener más de un empleo para llegar a fin de mes, muchos integrantes de los equipos deben cumplir extensas jornadas laborales antes de atender a personas que requieren escucha, acompañamiento y atención especializada.