Por Alejandro Maidana

“Otra cosa que me preocupó que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo el 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas de la cual no se pueden aplicar fertilizantes”, dijo el presidente.

Con fiereza a juzgar por el gesto de sus ojos, sin filtro alguno y posicionado sobre un desinterés manifiesto por la salud de aquellas niñas y niños que concurren a escuelas rurales, Mauricio Macri avaló las prácticas contaminantes del agronegocio. Autoproclamándose defensor del medioambiente, y un verdadero quijote que batalla contra el cambio climático, Mauricio Macri eligió la Sociedad Rural para garantizar el negocio de unos pocos por sobre el derecho a la salud de las mayorías.

El gobernador Gustavo Bordet emitió en enero pasado un decreto que permitía fumigar a 100 metros de una escuela, pero a fines de marzo un fallo judicial hizo lugar a una medida de amparo y declaro inconstitucional ese decreto, por lo que el Gobierno provincial apeló la medida. El amparo fue presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas. Mauricio Macri aseguró que se trata de “un fallo absurdo que no se basa en ningún rigor científico” y advirtió que “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.

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Queda claro que lo que se defiende es la rentabilidad por sobre la calidad de vida, una ecuación que visibiliza de manera perversa los privilegios que ostentan algunos, y la indefensión a la que están expuestos muchos otros.

Muchas fueron las voces altisonantes que se alzaron, una de ellas y plagada de argumentos sólidos fue la de Eugenia Boccio, abogada ambientalista y patrocinante de familias sometidas a fumigaciones de Santa Fe. “El camino es arduo, difícil, pero no imposible. Desde mi experiencia hemos conseguido después de un largo transitar, generar medidas cautelares que alejan las fumigaciones de aquellos vecinos que padecen la producción del monocultivo industrial. En el caso de Piamonte, la vecina cuenta con una cautelar que aleja a 800 metros las aspersiones de su hogar, cabe destacar que esta medida rige desde el 2016 a la fecha”, comentó Boccio.

 

Si bien el camino es espinoso, los avances científicos comienzan a allanar el horizonte de aquellos que no se resignan a vivir sin venenos. “Lamentablemente en Santa Fe no tenemos juzgados especializados en temáticas ambientales a nivel civil, lo que hace dificultoso el trabajo. Nosotros impulsamos la importancia del control de estas medidas cautelares en distintas fiscalías, junto a las denuncias penales que corresponden a cada caso. Hemos generado un nuevo camino gracias al enorme compromiso de aquellos vecinos que han decidió luchar hasta las últimas consecuencias”.

Distintas experiencias que enriquecen el transitar de una abogada que lejos de temerle al poder concentrado, lo enfrenta con armas nobles y legales. “Consideramos que la única solución a esta confrontación de DDHH por un lado, es decir,  salud, vida y ambiente, y por el otro derechos personales que tienen otra jerarquía, como producción o derecho a la propiedad, encuentren la respuesta en la producción agroecológica. Esta es una alternativa viable, rentable y de bajos costos en su producción con altos rindes económicos, eliminando los enormes costos ambientales que implican las fumigaciones. Tal es así, que Argentina se ubica en el segundo lugar de los países con mayor producción agroecológica luego de Australia, este es un ranking bueno que merece ser difundido. La preocupación que ostenta Naciones Unidas por el alto índice de contaminación que se produce por agrotóxicos no solo en el ambiente, sino en el impacto que genera en la salud de las personas, es muy grande. En nuestro país estamos expuestos a un modelo extractivista y contaminador”, enfatizó.

La agroecología encuentra en la naturaleza el eje de la producción de alimentos saludables, una manera concreta de discutirle a estas prácticas que acorralan los días de muchísimos argentinos.

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“Como abogada ambientalista y representante del Colectivo Cultura Orgánica de Santa Fe de vecinos y vecinas fumigadas, manifestamos nuestro repudio a nivel personal y grupal a los dichos del presidente. Los mismos son de una gravedad institucional muy grande, y deberían ser atacados por todos los referentes políticos a nivel nacional, provincial y local, relató Boccio.

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La gravedad institucional se puede fundamentar desde distintos aspectos, “primero la simbología, el lugar que se eligió para dar la conferencia de prensa fue la Sociedad Rural de Gualeguaychú. La trayectoria ambiental de esta ciudad entrerriana viene siendo eje de muchísimos reclamos y luchas, por ejemplo, la resistencia a las pasteras como Botnia que ponían en jaque la vida en el Río Uruguay. Por otro lado, en Gualeguaychú se está llevando a cabo el PASSS (Plan de Alimentación Sana Segura y Saludable) que está implementando el municipio junto a una capacitación en agroecología, por eso tenemos la certeza que no fue inocente este pronunciamiento”.

“Tampoco hay inocencia, pero si un desconocimiento en cuanto a la terminología que aplicó un presidente que debe gobernar para los más de 40 millones de argentinos. La intencionalidad es manifiesta, ya que el fallo madre establece que las fumigaciones deben alejarse de las escuelas rurales a una distancia de 1.000 metros a nivel terrestre, y 3.000 a nivel aéreo hasta tanto, se compruebe que las fumigaciones no causen daño a la salud de las personas”.

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Un segundo fallo que también fue ninguneado, “este es claro cuando habla de que no hay certezas que acercando las aspersiones a solo 100 metros como pretendía el gobernador Bordet, las mismas no condicionen la salud de la población. Lo que si existe, son investigaciones que han comprobado fehacientemente que las fumigaciones son causantes de la genotoxicidad en humanos, como por ejemplo el trabajo realizado por la Universidad de Río Cuarto, que ha podido comprobar que los niños de Entre Ríos y otros lugares del país afectados por los agroquímicos, padecen daño genético”.

“Es gravísimo que el presidente tilde de irresponsable a un fallo judicial, ya que esto significa una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, avasallando la Constitución Nacional. Si bien la realidad es demoledora, seguiremos avanzando y promoviendo tanto la agroecología, como el diálogo con distintos referentes políticos para insistir en un proyecto que proteja a todos los vecinos afectados por las fumigaciones”.