Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el gobierno –mediante un golpe de Estado– entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El objetivo de la fecha es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, para que la ciudadanía comprenda los alcances y las consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar.
La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley Nº 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”. Sin embargo, recién en 2006 se aprobó la ley 26.085 –impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner– que convertía a la jornada en un feriado inamovible.
¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976?
El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres fuerzas armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti (Junta Militar), derrocaron al Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel o Isabelita, quien asumió a la presidencia tras la muerte del general Juan Domingo Perón, el primero de julio de 1974.
Con el golpe de Estado, comenzó la más atroz dictadura que asoló al país. Fueron más de siete años signados por la violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, con más de 30.000 desapariciones de personas –miles de ellos eran trabajadores con militancia gremial– centenares de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos.
A las 03:10 de ese 24 de marzo, fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio. Se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado que decía: “A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.
Además, se implementaron el estado de sitio y la ley marcial, y se estableció el patrullaje militar en todas las ciudades. Durante ese primer día, cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados de sus hogares, lugares de trabajo o en la calle.
Además, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” también representó graves consecuencias económicas y sociales para el país, aumentando la pobreza que alcanzó a un tercio de la población.
El 29 de marzo, Videla asumió como presidente, y las universidades fueron intervenidas al día siguiente. El 2 de abril, el nuevo Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”, de corte neoliberal. Las primeras medidas del gobierno militar serán el congelamiento de los salarios por tres meses, la eliminación de los controles de precios, y una fuerte devaluación del tipo de cambio.
Tras más de siete años de dictadura –la cual encontró su punto de quiebre en 1982, con la derrota en la guerra de Malvinas– el 30 de octubre de 1983 la ciudadanía volvió a concurrir a las urnas, siendo electo por el voto popular el dirigente radical Raúl Alfonsín, quien asumió a la presidencia el 10 de diciembre de ese año.
Recuperada la democracia, en 1984 tuvo lugar en Rosario la primera iniciativa de conmemorar y repudiar con una marcha el golpe del 24 de marzo. Según registros, en ese momento unas 70 personas marcharon por la peatonal Córdoba, desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Municipal. El evento fue organizado por dirigentes radicales y peronistas.
En 1985 fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a marchar cada 24 de marzo, recurriendo al significado negativo de la fecha para movilizar la memoria y la conciencia colectiva.
Juicio a las Juntas
Luego de asumir la presidencia, Alfonsín firmo el 13 de diciembre de un decreto que daba pie al comienzo del proceso judicial contra los genocidas que integraron el gobierno militar. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada “causa 13”. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo.
La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.
Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.
Poco tiempo después de esa sentencia histórica, llegarían las presiones y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso, las cuales garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegarían los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.
En 2003 una ley declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, algo que fue ratificado por la Corte Suprema en 2005 cuando las declaró inconstitucionales. Así, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se volvió a juzgar a genocidas por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
