Según datos oficiales, en 2018 cerraron más de 700 tambos, de los cuales un 30% pasó a manos de establecimientos más grandes, pero el resto de las vacas lecheras fueron a parar a la faena.

En este contexto se produce un faltante de leche, el año pasado la producción fue de 9.500 millones de litros frente a los 12.150 millones de 2017, lo que significó una pérdida del 22%.

La industria prioriza las exportaciones, que en 2018 crecieron el 37% en volumen, mientras que el consumo retrocedió 2%.

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Tamberos de la cuenca lechera establecida en parte de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos reconocieron que empresas de primera línea están pagando hasta $17 por litro de leche frente a los $11 que en promedio se negocia a nivel país.

«Directamente vienen, carga la leche y pagan en el campo, con tal de llevársela», relató un productor que reconoció que tuvo hasta la opción de elegir entre tres oferentes. Hoy esta actividad ilegal ronda entre el 20% al 30% del total a nivel nacional.

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Un tema no menor es la capacidad ociosa de la industria, que llega al 50%, situación que eleva los costos fijos. Desde ahí se entiende la búsqueda de la materia prima para cubrir los agujeros.

El Gobierno busca cerrar un acuerdo con varias empresas para tener una canasta de alimentos de primera necesidad, entre las cuales está La Armonía, que comercializa La Serenísima. Se entiende que la leche social demanda alrededor de 280 millones de litros los cuales hoy no están.