El Gobierno avanza hacia la disolución del IOSFA en medio de una profunda crisis prestacional
Una clínica de Mar del Plata suspendió casi todas las prestaciones y en el Conurbano bonaerense persisten problemas con la entrega de medicamentos. La deuda supera los 200 mil millones de pesos y Milei prepara un decreto para dividir la obra social de militares y fuerzas de seguridad.
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) se profundizó en las últimas semanas y comenzó a impactar con mayor fuerza, mientras el Gobierno nacional avanza en una reestructuración que contempla la división del organismo y su disolución progresiva. La gravedad de la situación quedó expuesta tras la decisión del Hospital Privado de la Comunidad (HPC) de Mar del Plata de suspender casi todas las prestaciones brindadas a afiliados de IOSFA debido a deudas impagas. Según informó la institución a la Base Naval local, solo se mantendrán los servicios de oncología, pediatría, obstetricia y las emergencias con riesgo de vida.
Este episodio encendió alarmas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde los problemas prestacionales se repiten desde hace meses. En el Conurbano bonaerense, por ejemplo, continúan suspendidos convenios con numerosas farmacias, lo que provoca una entrega irregular de medicamentos, incluidos tratamientos crónicos. Asimismo, trascendieron dificultades similares en centros de salud de Bahía Blanca y otros distritos.
En este contexto, afiliados de ciudades como Punta Alta, Rosario y Paraná denunciaron demoras prolongadas en la autorización de turnos, estudios y tratamientos de alta complejidad. De acuerdo con fuentes del sector, muchos beneficiarios se ven obligados a afrontar los costos de la atención médica de su propio bolsillo, sin certezas sobre eventuales reintegros.
La situación afecta tanto a personal en actividad como a retirados y familiares, en una obra social que concentra a más de 600.000 afiliados y que es la tercera más grande del Estado nacional.
Desde el punto de vista financiero, IOSFA arrastra una deuda estimada entre $200.000 y $300.000 millones, con un déficit operativo mensual de entre $10.000 y $15.000 millones. Esta situación derivó en demoras en los pagos a prestadores, suspensiones de servicios, faltantes de medicamentos incluidos oncológicos y cancelaciones de tratamientos críticos.
En este contexto, el presidente Javier Milei se dispone a firmar en los próximos días un decreto que dispondrá la división de IOSFA. Tras varios debates internos, el Poder Ejecutivo resolvió separar las prestaciones correspondientes a las Fuerzas Armadas de aquellas destinadas a las fuerzas de seguridad, como paso previo a una disolución definitiva del esquema actual.
Por un lado, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, asumirá la cobertura de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, las fuerzas con mayor número de afiliados. Para ello, se prevé iniciar un proceso de licitación con empresas de medicina prepaga, con el objetivo de garantizar la atención en todo el territorio y simplificar un sistema que hoy presenta serias dificultades administrativas.
Además, el plan oficial contempla la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que podría incorporar también a la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
En tanto, el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, quedará exclusivamente a cargo de las prestaciones de las Fuerzas Armadas. De este modo, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina contarían con una nueva obra social propia, que mantendría la red de hospitales militares de alta e intermedia complejidad para asegurar una cobertura federal.
Mientras tanto, la deuda acumulada de IOSFA quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde el Gobierno aseguran que se trata de “deuda del Estado con el Estado” y que el pasivo se encuentra bajo control.
Debido a la complejidad del proceso, ambas carteras coincidieron en la necesidad de sostener una estructura transitoria, denominada “IOSFA residual”, para garantizar la continuidad de los tratamientos en curso. La disolución definitiva del organismo está prevista en un plazo aproximado de un año.
Con el decreto en su etapa final de redacción, el Ejecutivo aguarda ahora la revisión de la Secretaría de Legal y Técnica y la firma del presidente Milei, que podría concretarse durante la próxima semana, aunque en el Gobierno evitan precisar una fecha exacta.