Privatización vial: el Gobierno otorgó la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas
El Ejecutivo avanza con el proceso de desnacionalizar los corredores viales nacionales. La adjudicación formalizada por el Ministerio de Economía tiene un plazo de 20 años para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje.
El Gobierno nacional adjudicó la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales a las empresas Creditech S.A. – Plantel S.A., Basaa S.A. – Cecosa S.A. y CPC S.A. Mediante la Resolución 1149/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, en el marco del proceso de la privatización de la empresa estatal Corredores Viales.
La medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar cuatro tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B”. El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.
Los corredores adjudicados abarcan importantes conexiones viales
-Tramo Mediterráneo: quedó en manos de la unión transitoria Creditech S.A. – Plantel S.A., con una tarifa ofertada de $1.989,67 sin IVA.
-Tramo Puntano: fue asignado a Bassa S.A. – Cecosa S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.
-Tramo Portuario Sur: también será administrado por Creditech S.A. – Plantel S.A., con una tarifa de $1.256,03 sin IVA.
-Tramo Portuario Norte: fue adjudicado a CPC S.A., con una oferta de $1.856 sin IVA.
Los sectores incluidos comprenden rutas nacionales como la 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193 y A-005, además del corredor A-008.
Cómo será el nuevo esquema privado para administrar las rutas nacionales
La concesión forma parte del proceso iniciado luego de que la Ley Bases declarara a Corredores Viales como una empresa sujeta a privatización. Posteriormente, el Decreto 97/2025 habilitó el mecanismo para avanzar con la transferencia total de la operación mediante el formato de concesión de obra pública.
El objetivo oficial es que los nuevos administradores no solo se ocupen de conservar las rutas existentes, sino que también puedan ejecutar ampliaciones, mejoras de infraestructura y otros desarrollos vinculados a la explotación vial.
Con este esquema, la administración de Javier Milei apunta a que empresas privadas asuman la operación de corredores considerados estratégicos, en un contexto marcado por reclamos sobre el deterioro de la red vial.