”¿Qué hiciste?”: continúan las intimaciones a padres por el costo de operativos ante amenazas en escuelas
El Gobierno de Santa Fe notificó a familias de estudiantes involucrados en falsas amenazas. Las intimaciones superan los 36 millones de pesos en total.
El Gobierno de Santa Fe avanzó este fin de semana con nuevas intimaciones a familiares de alumnos identificados como responsables de amenazas en escuelas. En este marco, se busca recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados, que ya superan los 36 millones de pesos en total. Las notificaciones fueron entregadas entre viernes y sábado en seis departamentos de la provincia, incluyendo San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. En este contexto, el Estado provincial identificó a los adultos responsables y procedió a intimarlos al pago de los gastos ocasionados por cada intervención.
Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que se trata de una medida firme frente a hechos que generan un alto costo operativo. “No es broma; es delito”, afirmó, al tiempo que remarcó que la suma corresponde a una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado.
Por otra parte, las intimaciones detallan los montos específicos y los medios de pago, con un plazo de cinco días para regularizar la situación. En caso de incumplimiento, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado, lo que habilita eventuales medidas judiciales como embargos o inhibiciones de bienes.
En este sentido, las autoridades explicaron que los valores varían según cada operativo, ya que incluyen gastos de combustible, uso de vehículos, horas de servicio y participación de brigadas especiales, como las unidades de explosivos.
A su vez, se informó que entre viernes y sábado se emitieron 11 notificaciones por un total de 36.018.361 pesos, sumadas a una primera intimación realizada días atrás en la ciudad de Santa Fe. Según indicaron, el proceso avanza a medida que la Fiscalía valida identidades y determina responsabilidades.
En ese sentido, el Gobierno provincial aclaró que se trata de una deuda civil, no de una sanción penal. En consecuencia, su ejecución se rige por el Código Civil y Comercial, lo que permite aplicar medidas como el embargo de sueldos o la inhibición de bienes en caso de incumplimiento.