La organización Unidad Provida denunció que una joven de 28 años perdió el útero, ovario y trompa al realizarse un procedimiento en un hospital de la ciudad de Santa Fe en el marco de una intervención médica para provocarle un aborto legal. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la provincia dijeron a Conclusión que la versión «no es real».

El presunto caso habría sucedido el pasado 7 de julio en el Hospital Iturraspe, cuando la mujer, de 18 semanas de embarazo, fue ingresada para una interrupción del embarazo derivada junto a otra, por el Área de Mujer del municipio.

El médico Raúl Dallafontana, uno de los denunciantes, en diálogo con Conclusión, explicó que “a una de las chicas le hacen el procedimiento, y luego se la envía a la casa. Y la otra chica como tenía dos cesáreas anteriores, que es una contraindicación importante para utilizar prostaglandina termina con una ruptura intrauterina, una infección porque le rompen la bolsa, la misma doctora rompe la membrana para acelerar el proceso de aborto, y después de tres días empezó a tener fiebre y no expulsaba al bebé, fue derivada al hospital Cullen porque el servicio no prestaba la atención por la objeción de conciencia”.

“En el hospital Cullen termina con una histerectomía por ruptura uterina y le tienen que sacar el útero, un ovario y una trompa. Fue a terapia intensiva y quedó con un daño grave porque le tuvieron que extirpar el útero y perdió la fertilidad”, relató el médico.

El profesional forma parte de la agrupación Ramón Carrillo, que colaboró en la presentación de proyectos de asistencia a la mujer “intentando salvar tanto la vida del bebé como la de la mujer”.

Sobre la autorización para implementar la Interrupción voluntaria del embarazo, el profesional comentó: “Ponen causal salud, como si el problema fuese psicológico que pueda ser riesgo de vida, pero claramente es tirado de los pelos, estamos cansados de eso”.

El médico recordó que en 2016 se produjo un hecho similar con un embarazo de 16 semanas, pero fue desechado por el juez, a pesar de las “pruebas”, según dijo el médico, quien expresó que su idea no es criminalizar a la mujer, ya que “termina siendo una víctima”.

De acuerdo a la organización Provida, los profesionales del Hospital Iturraspe «son todos objetores de conciencia», situación que habría llevado al subdirector del nosocomio, Adrián Berdini, a requerir los servicios de una ginecóloga del Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria.

«Según consta en los documentos del hospital, la ginecóloga le administró el sábado 7 de julio tres dosis de misoprostol a la paciente, sin atender la constancia en la historia clínica de dos cesáreas anteriores y que, por lo tanto, esta droga le estaba contraindicada. Dado que el bebé se encontraba atravesado en el vientre, la inducción al aborto por misoprostol provocó un sangrado y contracciones en la zona abdominal que desembocaron, junto con los movimientos desesperados del feto y las maniobras médicas, la doble perforación del útero de la mujer», indicó Unidad Provida.