Amnistía Internacional (AI) advirtió que el decreto del nuevo gobierno de Bolivia que «promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente», y la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez «tienen la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas».
«La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo», declaró en un comunicado la directora para América Latina de AI, Erika Guevara Rosas.
Guevara Rosas apuntó además que «los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos».
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Amnistía Internacional señaló que el decreto 4078, que no fue publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros “actúen en legítima defensa o en estado de necesidad”.
La organización expresó su preocupación por este decreto «que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad».
«La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días», alertó Guevara Rosas.
Por último, refirió que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han muerto al menos 24 personas, desde los comicios del 20 de octubre, y 715 han resultado heridas. Por este motivo llamó a las autoridades a investigar «de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares».
Sindicatos Unidos
Organizaciones sindicales bolivianas encabezadas por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (
Entre los puntos destacados de la resolución se destaca «el unánime repudio al golpe de Estado», el «pedido de renuncia de la autoproclamada presidenta interina del Estado, por ser ilegal e institucional» y la «exigencia a los organismos de Derechos Humanos Internacionales» para que investiguen los autores intelectuales gestores del golpe y «de la masacre en Bolivia».
A continuación el documento completo:
