La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al gobierno de México que abra nuevas líneas de investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el estado sureño Guerrero, luego de que un grupo de expertos descubriera pistas que hasta ahora no habían sido analizadas.
Al presentar en conferencia de prensa las conclusiones de su investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH dijo que el móvil del crimen pudo haber sido la toma de un ómnibus cargado de droga oculta y que los jóvenes no fueron incinerados en un basurero del municipio Cocula, como se creía.
Asimismo, los expertos afirmaron que ninguna fuerza del Estado mexicano actuó para proteger a los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense Iguala.
Aquella noche, ataques armados a varios ómnibus que transportaban a los alumnos de Ayotzinapa y a un equipo juvenil de fútbol dejaron seis muertos y 25 heridos.
Además, desaparecieron 43 estudiantes que, según las hipótesis más firmes, fueron capturados por policías locales que los entregaron a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y éstos los mataron y quemaron sus cuerpos en el municipio vecino Cocula.
Según los expertos del GIEI, los estudiantes se habían apoderado aquella noche de cinco micros en Iguala con el objeto de trasladarse hasta la Ciudad de México para participar de una protesta, pero la investigación no toma en cuenta a uno de esos vehículos.
Testimonios de sobrevivientes a los ataques de esa noche y documentos hallados llevaron a los expertos a la conclusión de que ese ómibus es “central” en la investigación del caso, aseguró Carlos Beristain, uno de los miembros del GIEI.
El GIEI cree que en ese micro pudo haber “existencia de drogas ilícitas o dinero” porque “el patrón de actuación” de los perpetradores de los ataques demuestra la intención de “no dejar salir los buses de Iguala” y “acabar con cualquier posibilidad de huida”.
El informe del GIEI destaca que el resto de las explicaciones posibles, como la supuesta confusión de los estudiantes con un grupo de narcotraficantes, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades sobre los hechos y con que los jóvenes iban desarmados.
Por ese motivo, el grupo de expertos designados por la CIDH recomendó al gobierno de México “investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes”.
Además, los expertos concluyeron que “no existe ninguna evidencia” de que los jóvenes desaparecidos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, hipótesis que fue anunciada en enero pasado como “verdad histórica” por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo.
Por otra parte, los miembros del GIEI aseguraron que ni policías de Guerrero ni agentes federales ni efectivos del Ejército actuaron para proteger a los estudiantes pese a que tuvieron conocimiento de los ataques e, incluso, estuvieron en algunos de los escenarios mientras los hechos se producían.
De acuerdo con el informe, aquella noche “se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes” pero, pese a que fueron “testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, no actuaron “en protección de los normalistas”.
Foto: Florencia Vizzi
