La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, denunció este martes que en Venezuela persisten las «tensiones políticas» y «agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas», así como «una retórica» que «desacredita a las víctimas y justifica la violencia».
«Continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición», afirmó la jefa del Acnudh, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Al brindar una actualización de su informe sobre Venezuela, aseguró que el organismo a su cargo «sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas».
Bachelet señaló que «desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional (AN, parlamento)».
Aquel día, una minoría del chavismo y aliados a la que sí se le permitió el ingreso al palacio legislativo designó sin quórum una mesa directiva encabezada por Luis Parra, mientras la mayoría opositora reeligió a Juan Guaidó en una sesión realizada fuera de la sede de la AN.
«Mi oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo», indicó Bachelet.
La ex presidenta chilena detalló algunos de esas agresiones y agregó que hubo «casos de allanamientos de la sede de un partido políticos, ONGs y oficinas de medios de comunicación», según el texto del discurso publicado en el sitio web del Acnudh.
Asimismo, denunció «hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias y restricciones a la libertad sindical», en este último caso «a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales».
La funcionaria subrayó que «las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia».
Además, subrayó su preocupación por «el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a ONGs».
Bachelet dijo que, según datos de organismos de la ONU, 2,3 millones de venezolanos «se encuentran en inseguridad alimentaria severa» y siete millones, «en inseguridad alimentaria moderada», mientras 4,9 millones abandonaron el país.
Por otra parte, consideró «urgente» resolver la situación de niños con necesidad de trasplante («38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en la Argentina», detalló) y alertó sobre la situación del principal hospital infantil de Caracas, donde «al final de 2019 solo 21% de las camas se encontraban operativas».
El Acnudh y el gobierno de Maduro mantienen una tensa relación desde que en julio del año pasado Bachelet emitió un informe según el cual las fuerzas armadas y policiales ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas solo entre enero de 2018 y mayo de 2019, y 3,7 millones de venezolanos estaban entonces en estado de desnutrición.
Hace dos semanas, al informar al Consejo sobre la situación humanitaria en 10 países, Bachelet reclamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro «liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos».
La semana pasada había en Venezuela 328 personas presas por motivos políticos, entre ellas 120 militares, 11 mujeres y una menor de edad, según el último informe de la ONG especializada Foro Penal.
