El gobierno de Cuba calificó hoy como «provocación injerencista» el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, sobre la posibilidad de reactivar por ley las reclamaciones de propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.
«Rechazamos enérgicamente esta nueva provocación injerencista, amenazadora, prepotente», afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, citado por la agencia de noticias DPA.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, por su parte, dijo que la decisión estadounidense constituye un «chantaje político y una hostilidad irresponsable. Un brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados», cuyo objetivo es «endurecer el bloqueo a Cuba».
Ayer, Pompeo anunció una «revisión cuidadosa» del título III, en suspenso desde la promulgación de la Ley Helms-Burton de 1996.
La disposición legal especifica que los estadounidenses -incluidos cubanos nacionalizados- pueden demandar ante la Justicia de EEUU a las compañías que se beneficien de las propiedades que fueron nacionalizadas por el Gobierno cubano tras la llegada al poder de Fidel Castro, hace seis décadas.
La ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, también conocida como la Ley Helms-Burton -en homenaje a los legisladores que la impulsaron-, fue aprobada en 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, con el objetivo de sustentar en un único texto el embargo que Estados Unidos aplica a Cuba desde hace más de medio siglo.
Pese a su entrada en vigor, los sucesivos presidentes fueron prorrogando en plazos de seis meses una moratoria sobre el Título III, que sanciona a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba, permite entablar demandas contra firmas o personas que usen bienes expropiados y niega el ingreso a Estados Unidos de sus directivos.
El Departamento de Estado norteamericano anunció en un comunicado que sólo autorizará una prórroga de 45 días de esa moratoria para emprender una «cuidadosa revisión» del texto.
Anunció que Washington analizará tanto el «interés nacional» como los esfuerzos para «acelerar la transición democrática» en la isla.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró «la disposición de Cuba de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas» y acusó al sistema judicial norteamericano, y en particular a «algunas cortes de Florida», de ser utilizadas como «arma contra Cuba».
El Ejecutivo de Díaz-Canel «se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión», advirtió la Cancillería en la Isla.
