Miles de jueces y fiscales turcos están en prisión preventiva acusados de estar vinculados con el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio pasado en Turquía, aunque sin pruebas concretas y sin que se les respeten las garantías constitucionales, denunció un jurista turco y organizaciones humanitarias.
Más de 2.700 jueces y fiscales fueron detenidos el mismo sábado 16, horas después de evidenciarse el fracaso del golpe, y según las últimas cifras oficiales, difundidos hace diez días, casi 1.700 han pasado a prisión preventiva.
Los detenidos «se enfrentan a dos acusaciones: ser miembro de una organización terrorista y conspirar para derrocar el Gobierno», explicó el abogado Elkan Albayrak, que representa a varios jueces y fiscales detenidos.
La «organización terrorista» hace referencia a la cofradía de Fethullah Gülen, un predicador que reside desde 1999 en Estados Unidos y al que Ankara acusa de ser el cerebro del golpe, aunque él lo niega.
En el escrito de acusación consta la ley que los sospechosos habrían vulnerado, «pero no se dice qué han hecho exactamente, ni se aporta prueba alguna, ni siquiera hay un dossier individual, sólo hay un supuesto delito y una lista de nombres de personas acusadas de haberlo cometido», denunció Albayrak en declaraciones a la agencia EFE.
El propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, admitió que las detenciones se pudieron realizar de forma tan rápida tras el golpe porque el gobierno tenía «inteligencia previa», en referencia a información relativa a los sospechosos, aportada por los servicios secretos.
«Es un acusación basada en la denuncia de un informante, en lo que les ha dicho un agente, es decir, que refleja una opinión personal», lo describe Albayrak.
Como máximo hay «grabaciones de llamadas telefónicas durante los últimos diez años, que no son escuchas, sólo indican con quién habló el sospechoso, por cuánto tiempo y si entre estos interlocutores había alguien de la cofradía, sirve para acusar».
También la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe que durante las comparecencias en las que los jueces acusados fueron enviados a prisión preventiva, no hubo interrogatorio que sirviera para establecer la comisión de un delito.
