El club del trueque: Trump, Maduro y Bukele juegan a intercambiar personas

El segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está causando consecuencias diversas en el sistema internacional, pero también al interior de cada uno de los países. Un ejemplo de esto es Canadá, donde el Partido Liberal ganó las elecciones luego de meses de estar a más de 20 puntos abajo en las encuestas frente al Partido Conservador. Los ataques de Trump a su vecino del norte y las amenazas de anexión generaron una ola patriótica que los liberales aprovecharon para mantenerse en el poder.

Ahora, en América Latina, los dos mandatarios más complicados en materia de derechos humanos se presentan como defensores de los mismos, a raíz de las deportaciones flojas de papeles que Estados Unidos realiza desde el cambio de gobierno en enero.

La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada en Estados Unidos en 1798, 22 años después de la Declaración de Independencia y 9 luego de la Revolución Francesa. Una novedad jurídica. La misma permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación «enemiga» con escaso o nulo debido proceso. Esta Ley fue invocada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para la deportación masiva de migrantes, argumentando que los mismos son miembros de la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela. Más de 250 venezolanos fueron deportados al amparo de esta Ley, sin ningún tipo de pruebas de que todos pertenecían a esta pandilla.

Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, hace alarde de su sintonía con Trump, pero a diferencia de otros mandatarios de la región, sabe cómo sacar un rédito político. Bukele ofreció su polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la famosa megacárcel, para albergar ahí a los migrantes ilegales que Trump deporte, equiparándolos con los pandilleros que tiene recluidos allí. Como nada es gratis en la vida, Estados Unidos le paga a El Salvador por este favor, aunque no se sabe de cuánto dinero estamos hablando.

Luego de los acuerdos, comenzaron a llegar venezolanos desde Estados Unidos para llenar las celdas del CECOT. Como se dijo anteriormente, nadie sabe si son o no del Tren de Aragua porque no hubo ni debido proceso, ni condena, ni sentencia, ni nada que se le parezca a un proceso judicial. Ni lento ni perezoso, hace casi dos semanas Bukele le hizo una propuesta a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ofreció enviar a los venezolanos detenidos en el CECOT a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos en la República Bolivariana. Así, relativizando la pertenencia de los detenidos a pandillas criminales y aprovechando la falta de legalidad en todo el asunto, el presidente salvadoreño los ofrece como moneda de cambio para presentarse como un posible libertador de aquellos que en Venezuela luchan por la restauración democrática.

La respuesta de Caracas fue negativa, acusando a Bukele de “violador sistemático de los derechos humanos”. Es paradójico escuchar a Maduro hablar de derechos humanos y a Bukele defender las libertades civiles, pero es interesante como Donald Trump, en su frenesí deportador, les permite a los dos autócratas latinoamericanos presentarse ante el mundo como dirigentes serios, responsables, preocupados por el bienestar de la gente.

Esta es una prueba más de cómo se enmarca el vínculo de Washington con América Latina. No hay una política de Estados Unidos hacia la región, sino que la relación debe analizarse caso por caso, viendo cómo cada país puede ofrecerle algo a la Casa Blanca para que Trump lo presente como un triunfo. Esto es a lo que se refieren aquellos que caracterizan al presidente norteamericano por su estilo transaccional. Está todo bien con que hagas en tu país lo que quieras, mientras puedas darme algo a cambio. Pasó con México, pasó con el tema aranceles, y ahora pasa con Venezuela y El Salvador.

Como siempre, el peligro en estas circunstancias lo marca el precedente que se sienta. Es tal la desfachatez legal de todas estas medidas que hasta la misma Corte Suprema de Estados Unidos -quizás la más conservadora en décadas, con varios jueces puestos por el propio Trump en su primer mandato- empieza a marcarle límites al Ejecutivo ante los atropellos a la división de poderes y al estado de derecho.

Lejos de entrar en un institucionalismo declamativo y “pour la gallerie”, es importante tener en cuenta que los gobiernos comienzan y terminan, y las tendencias políticas cambian constantemente. Lo que queda son las construcciones jurídicas y sociales que los países acuerdan sostener. Si la región y sus dirigentes -más allá de la ideología que profesen- no pueden dar cuenta de esto, posiblemente el vínculo con Estados Unidos, que enfrenta múltiples desafíos por su declive sistémico, tenga cada vez menos reglas y legitimando el garrote ante la falta de necesidad de ofrecer zanahorias.