El Ejército de Myanmar dio un golpe de Estado, tomó el poder por un año y detuvo a la jefa de hecho del Gobierno civil, Aung San Suu Kyi, cuyo partido pidió «no aceptarlo», informaron las Fuerzas Armadas.
El golpe, sin violencia, es necesario para preservar la «estabilidad», afirmaron los militares, que prometieron en un comunicado en Facebook celebrar elecciones «libres y justas», al término del estado de emergencia.
Los militares acusan a la comisión electoral de no haber subsanado «enormes irregularidades» que se produjeron, según ellos, durante las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en el poder desde las elecciones de 2015.
Suu Kyi, el presidente de la República, Win Myint, y otros responsables del partido fueron detenidos en Naypyidaw, la capital, dijo Myo Nyunt, portavoz del LND, a la agencia de noticias AFP.
El golpe en Myanmar, la ex-Birmania, llegó horas antes de que Parlamento formado tras las últimas elecciones iniciara su primera sesión.
Los militares acordonaron las carreteras alrededor de la capital con tropas armadas, camiones y vehículos blindados de transporte mientras los helicópteros militares sobrevolaban la ciudad.
El Ejército declaró, a través de su propio canal de televisión, el estado de emergencia durante un año y anunció que el exgeneral Myint Swe sería el presidente en funciones durante el próximo año.
Los militares justificaron el golpe alegando «enormes irregularidades» en los comicios de noviembre que la comisión electoral no había resuelto.
«Como la situación debe resolverse de acuerdo con la ley, se declara el estado de emergencia», según la declaración.
Más tarde, el Ejército se comprometió a celebrar nuevas elecciones tras el estado de excepción, que debe durar un año.
«Pondremos en funcionamiento una auténtica democracia pluripartidista», declararon los militares en un comunicado en Facebook.
Antes de su detención, Suu Kyi, de 75 años, instó en un mensaje a la población a «no aceptar el golpe de Estado», según una carta publicada en Facebook por su partido.
Los militares actuaron rápidamente para reprimir la disidencia, restringiendo las comunicaciones por Internet y por teléfono móvil en todo el país.
En Rangún, la antigua capital que sigue siendo el centro económico del país, las tropas tomaron el Ayuntamiento justo antes del anuncio, informó AFP.
Además los bancos quedaron cerrados temporalmente debido a las malas conexiones de internet, indicó la asociación bancaria.
El golpe de Estado suscitó una avalancha de condenas internacionales. Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea (UE) denunciaron de inmediato el golpe, mientras China se limitó a pedir a las partes implicadas «solucionar sus diferendos».
Myanmar salió hace apenas diez años de un régimen militar que dirigió el país durante casi medio siglo. Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988.
Los militares denunciaban desde hace semanas más de una decena de millones de casos de fraudes en las legislativas de noviembre.
Los temores aumentaron cuando el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Myanmar, declaró que la Constitución podría ser «revocada» bajo ciertas circunstancias.
El partido de Suu Kyi -premio Nobel de la Paz de 1991, muy criticada por su gestión de la crisis de los musulmanes rohingyas pero aún venerada por buena parte de la población, obtuvo una aplastante victoria en noviembre.
Unos 750.000 miembros de esta minoría huyeron de los abusos del Ejército y de las milicias budistas en 2017 y se refugiaron en campamentos en Bangladesh, una tragedia que ha llevado a Myanmar a ser acusada de «genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU.
Los comicios de noviembre fueron las segundas elecciones generales desde 2011, cuando se disolvió la junta militar.
En 2015 la LND ganó por amplia mayoría, pero se vio obligada a compartir el poder con el Ejército, que controla tres ministerios claves (Interior, Defensa y Fronteras).
Exiliada durante mucho tiempo en el Reino Unido, Suu Kyi, de 75 años, regresó a Myanmar en 1988, convirtiéndose en la figura de la oposición frente a la dictadura militar.
Pasó 15 años bajo arresto domiciliario antes de ser liberada por el ejército en 2010.
Condenas internacionales
“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Myanmar, y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten», dijo por su parte la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
En tanto, China llamó hoy a todas los actores políticos de Myanmar, la exBirmania, a «solucionar sus diferendos» en el marco legal y constitucional.
«Esperamos que todas las partes implicadas en Birmania solucionen sus diferendos en el marco de la Constitución y de las leyes para mantener la estabilidad política y social», declaró Wang Wenbin, un vocero de la diplomacia china.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó «firmemente» el arresto de Suu Kyi y de otros dirigentes políticos.
«La declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (…) representa un duro golpe a las reformas democráticas en Myanmar», añadió.
En el mismo tono, las máximas autoridades de la Unión Europea (UE) condenaron hoy el golpe, informó la agencia de noticias AFP.
«Condeno con firmeza el golpe en Myanmar. El Gobierno legítimo debe ser restituido, en línea con la Constitución del país y la elecciones de noviembre», publicó en su cuenta de Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó un mensaje similar pidiendo a los militares «que liberen a todos los detenidos ilegalmente en operaciones en todo el país».
El jefe de la diplomacia de la UE, el español Josep Borrell, condenó el golpe y lamentó la «tentativa de los militares de revertir el deseo de los ciudadanos de Myanmar».
«El presidente Win Myint, la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y todos los aquellos que han sido arrestados deben ser liberados de forma inmediata e incondicional», señaló Borrell.
Francia pidió que «se respete el resultado de la votación birmana» y dijo que el Gobierno está analizando la situación «con sus socios en el marco de las instancias internacionales», según el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
El primer ministro británico, Boris Johnson, exigió la liberación de los «dirigentes civiles» al igual que la canciller sueca, Ann Linde, y el danés Jeppe Kofod.
Ambos pidieron al Ejército que «respete el Estado de derecho» y los resultados de las elecciones.
«El Ejército controlado por civiles es un principio democrático clave», señaló Kofod.
La canciller noruega, Ine Eriksen Soreide, se sumó a la condena.
Canadá y Australia pidieron «liberar inmediatamente a todos los dirigentes de la sociedad civil y otras personas detenidas ilegalmente».
La Cancillería japonesa pidió la liberación de Suu Kyi e insta «al ejército nacional a restaurar rápidamente el sistema político democrático».
«Observamos con mucha preocupación los hechos en Birmania. India siempre ha aportado apoyo constante al proceso de transición democrática en Birmania. Pensamos que el Estado de derecho y el proceso democrático deben ser respetados», reaccionó por su parte la Cancillería de la India.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur manifestó su «gran preocupación» respecto a la situación en Myanmar y dijo esperar que todas las partes «den muestras de moderación».
