El ministerio británico de Justicia recuperó el lunes la gestión de la prisión de Birmingham, que había sido confiada a la compañía privada G4S, tras una inspección que reveló una situación «espantosa», reabriendo el debate sobre la privatización de algunos servicios públicos.
«Lo que hemos visto en Birmingham es inaceptable», admitió el secretario de Estado para las prisiones, Rory Stewart, en un comunicado.
El ministerio asumirá la gestión de la prisión al menos durante seis meses, pues «la incapacidad del G4S en garantizar la seguridad constituye una violación de contrato».
Esta empresa obtuvo en 2011 un contrato de 15 años para administrar el establecimiento penitenciario.
El gobierno anunció tres medidas: sustituir a la dirección de la prisión por los «mejores directores» de la administración penitenciaria, reforzar el personal con 30 agentes suplementarios y reducir en 300 el número de presos detenidos en Birmingham (centro de Inglaterra).
En la inspección llevada a cabo del 30 de julio al 9 de agosto, la prisión «estaba en un estado espantoso», escribió Peter Clarke, jefe del organismo público encargado de la inspección de prisiones, en carta al ministro de Justicia David Gauke.
Clarke dijo que el nivel de violencia observado era el más elevado de las prisiones británicas. «El personal y los detenidos necesitan a menudo cuidados médicos» escribe, lamentando la «casi impunidad» de los presos violentos. Recordó además que tres detenidos de la prisión de Birmingham se suicidaron desde febrero 2017.
«Hubo tests que revelaron que un tercio de los presos consumían drogas» afirmó también y denunció «una falta de control». El personal de la prision «ignora regularmente donde están los detenidos en un momento dado», asegura.
La empresa G4S, especialista de seguridad y encargada de la gestión diaria de la prisión, se felicitó de la decisión del gobierno ante los «excepcionales desafíos» que planteaba esa labor. Esta empresa gestiona otras cuatro prisiones en Reino Unido.
En el primer semestre de 2018, G4S obtuvo un volumen de negocios de 3.670 millones de libras (Eur 4.100 millones), con un beneficio antes de impuestos de 139 millones de libras (Eur 155 millones).
Situación chocante
Este anuncio del gobierno conservador de Theresa May reactiva el debate de la privatización de ciertos servicios públicos en Reino Unido. En mayo, el ministro de Transportes Christopher Grayling ya anunció que el Estado recuperaba las franquicias ferroviarias acordadas a la compañía Virgin Trains East Coast, incapaz de controlar los gastos.
Según sus defensores, estos contratos de concesiones permiten ganar en eficacia y ahorrar dinero, en un contexto de austeridad.
Entre 2010 y 2017, los gastos públicos dedicados a las prisiones cayeron un 22%, según cifras del centro de reflexión Institute for Government. Al mismo tiempo el personal penitenciario fue reducido en 27%.
«Esta situación chocante revela las consecuencias peligrosas de la privatización cada vez mayor de nuestro sistema judicial», afirmó el diputado de oposición Richard Burgon, encargado de cuestiones judiciales en el Partido Laborista. «La situación actual debería marcar el fin de la idea de privatizar las prisiones», dijo.
Dieciocho prisiones, sobre 123, están gestionadas por entidades privadas en Reino Unido. Esta subcontratación de la gestión diaria de los establecimientos penitenciarios fue introducida en los años 1990.
