Las autoridades salvadoreñas iniciaron este jueves un inédito proceso judicial masivo contra 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha por más de 37.000 delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022, como parte de su cuestionada estrategia de combate frontal a las bandas criminales. El Congreso de El Salvador aprobó en julio disposiciones transitorias especiales para que los detenidos durante el estado de emergencia que rige desde principios de 2022 para combatir a las pandillas criminales, impulsado por el presidente Nayib Bukele, sean procesados en grandes grupos.
«Consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas. La Fiscalía velará porque estos criminales paguen por el sufrimiento al que sometieron a los salvadoreños por décadas», dijo la institución en la red social X.
#CombateAPandillas | La @FGR_SV ha expuesto como, a lo largo de 11 años, de la manera más inhumana cometieron crímenes.
Son múltiples los casos en los cuales atentaron contra la vida de salvadoreños inocentes porque no pagaban las extorsiones.
A las víctimas las asesinaban a… pic.twitter.com/fMpkuivw59
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 8, 2024
Entre los imputados hay 24 líderes históricos de ese grupo y algunos con pedidos de extradición a Estados Unidos. Los cargos que se les imputa son homicidio agravado, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de personas y de droga, y actos de terrorismo y rebelión. El proceso, que de acuerdo a las autoridades podría durar hasta un año, será dirimido en el tribunal sexto contra el crimen organizado.
La audiencia iniciada este jueves es virtual y simultánea en diferentes cárceles donde están recluidos los presuntos delincuentes, algunos desde hace años y otros detenidos durante el estado de emergencia.
En enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que el proceso abarcaría solo a jefes de la estructura de la Mara Salvatrucha y no a miembros de menor rango o colaboradores, y que iba a ser el «más pequeño en número» que las autoridades iban a realizar como parte de su combate a esos grupos.
Bajo el régimen de excepción vigente, que suspende varias garantías constitucionales y ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, han sido detenidos más de 75.000 supuestos pandilleros y se ha reducido el número de homicidios y otros delitos, según cifras oficiales.
La dura y polémica estrategia de seguridad interna de Bukele ha dado altos índices de popularidad al mandatario, que el domingo fue reelegido en el poder en unos comicios en que obtuvo una aplastante victoria, con más del 80% de los votos.
